El Tribunal de Garantías Penales de Durán declaró culpable al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y lo condenó a tres años de prisión dentro del denominado caso Grillete.
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| El tribunal del caso Grillete admitió varias pruebas de la defensa como la falta de intención de escapar de Álvarez, pero dijo que no tenía autorización para sacarse la tobillera de vigilancia. Foto: Facebook Aquiles Álvarez |
La sentencia, emitida este lunes 3 de agosto de 2026, también dispone el pago de una multa equivalente a 10 salarios básicos unificados, la presentación de disculpas públicas y la publicación de la parte resolutiva del fallo en un diario de circulación nacional.
El proceso se originó por el presunto incumplimiento de la medida judicial que obligaba al alcalde a portar un dispositivo de vigilancia electrónica. Durante la audiencia, el Tribunal concluyó que Álvarez no llevaba colocado el grillete al momento de un operativo policial, pese a no contar con autorización para retirárselo.
La presidenta del Tribunal señaló que tres testimonios coincidieron en que el dispositivo se encontraba fuera del tobillo del alcalde y cargándose junto a una cama, elemento que fue considerado determinante para establecer el incumplimiento de la medida cautelar.
No obstante, los jueces descartaron la acusación de manipulación del grillete electrónico, al considerar que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para demostrar ese hecho.
La defensa rechazó la acusación
Durante el juicio, la defensa sostuvo que Aquiles Álvarez nunca tuvo la intención de incumplir la orden judicial y argumentó que el primer dispositivo electrónico presentó fallas técnicas, por lo que debió ser reemplazado.
Además, los abogados aseguraron que el día de la detención no se registró ninguna alerta por retiro del grillete, insistiendo en que el sistema no detectó una manipulación indebida del equipo.
También señalaron que el alcalde cumplió con todas sus presentaciones periódicas ante la autoridad competente y que cada una de las alertas emitidas por el dispositivo fue atendida oportunamente, por lo que, a su criterio, nunca existió riesgo de fuga ni intención de evadir la justicia.
La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada por la defensa.
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