Un servidor del Ministerio de Educación fue detenido y otros dos son investigados por su presunta vinculación con una red que habría solicitado entre USD 1.500 y USD 5.000 a cambio de puestos de trabajo y nombramientos en instituciones educativas. La operación se ejecutó en Quito mediante tres allanamientos.
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| La operación Minedec incluyó tres allanamientos en Quito: dos en domicilios y uno en una dependencia del Ministerio de Educación |
Quito. Un funcionario del Ministerio de Educación fue detenido este martes 13 de octubre de 2026, durante un operativo que investiga una presunta trama de corrupción relacionada con el cobro de dinero a cambio de gestionar empleos y nombramientos dentro del sistema educativo ecuatoriano.
La intervención, denominada operación Minedec, fue ejecutada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Integridad Pública y el Ministerio de Educación.
Según las investigaciones preliminares, funcionarios públicos habrían solicitado pagos de entre USD 1.500 y USD 5.000 para facilitar el acceso a cargos laborales y gestionar nombramientos en instituciones educativas.
Tres allanamientos por presuntos cobros ilegales
Como parte de las diligencias, las autoridades ejecutaron tres allanamientos: dos en domicilios particulares y uno en una dependencia del Ministerio de Educación.
El objetivo de las intervenciones fue recabar elementos que permitan esclarecer el presunto esquema de cobros irregulares e identificar la posible participación de los servidores públicos involucrados.
El funcionario detenido fue identificado con el apellido Ayala, quien trabajaba en el área de mantenimiento. De acuerdo con la información proporcionada sobre el caso, habría manejado cerca de USD 1 millón en recursos sin justificar, un aspecto que deberá ser esclarecido dentro de la investigación.
Otros dos servidores bajo investigación
Durante el procedimiento también fueron retenidos con fines investigativos otros dos funcionarios: Ochoa, vinculado al área de conducción, y Félix Aguilera Pablo Benjamín, servidor de servicios generales.
Las autoridades buscan establecer si los dos servidores tuvieron participación en los presuntos cobros, cuál habría sido su función y si existió una estructura organizada para obtener beneficios económicos indebidos mediante la oferta de puestos de trabajo.
Hasta el momento, la información disponible no precisa el alcance de la participación que se atribuye a cada uno de los investigados.
¿Qué delito se investiga?
El caso se investiga por el presunto delito de concusión, que sanciona a los servidores públicos que, abusando de sus funciones, exigen o hacen pagar o entregar contribuciones, beneficios o valores que no corresponden legalmente.
La investigación busca determinar si se utilizaron cargos públicos para solicitar dinero a ciudadanos que aspiraban a obtener empleos o nombramientos dentro del sistema educativo.
Fiscalía continuará con las diligencias
La Fiscalía General del Estado deberá continuar con la recopilación de evidencias y determinar los elementos necesarios para establecer las responsabilidades individuales y las posibles acciones legales que correspondan.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio los presuntos cobros ilegales vinculados al acceso a empleos públicos, una práctica que, de comprobarse, afectaría la transparencia de los procesos de selección y la confianza ciudadana en las instituciones.
La responsabilidad de los involucrados deberá determinarse mediante el procedimiento judicial correspondiente, respetando la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.
