10/09/2026

GUAYAQUIL CONMEMORA 206 AÑOS DE INDEPENDENCIA


La madrugada del 9 de octubre de 1820, civiles y militares protagonizaron una revolución que puso fin al dominio español en Guayaquil.



La jornada histórica, conocida como la Aurora Gloriosa, marcó el inicio de una nueva etapa política y contribuyó a impulsar la independencia de otros territorios de la antigua Real Audiencia de Quito.

Este viernes 9 de octubre de 2026, Guayaquil conmemora 206 años de su independencia, una fecha que recuerda la lucha de quienes decidieron romper con el dominio de la Corona española y construir un territorio con autonomía política.

La historia se remonta a la madrugada del 9 de octubre de 1820, cuando un grupo de civiles y militares ejecutó un levantamiento que permitió tomar el control de los principales cuarteles de la ciudad y desplazar a las autoridades coloniales.

La revolución, conocida como la Aurora Gloriosa, no solo cambió el rumbo de Guayaquil, sino que también fortaleció los movimientos independentistas que se desarrollaron en otras regiones del Ecuador actual.

¿Qué provocó la independencia de Guayaquil?

A comienzos del siglo XIX, Guayaquil era uno de los puertos comerciales más importantes del Pacífico. Su economía estaba vinculada principalmente a la exportación de cacao, madera y productos agrícolas.

Sin embargo, mientras la actividad económica crecía, las decisiones políticas y comerciales continuaban sujetas a las autoridades españolas.

Entre los sectores criollos existía un creciente descontento por los impuestos, las restricciones al comercio y las limitaciones para acceder a los principales cargos de poder.

A estas tensiones se sumaron las ideas de libertad y autonomía que circulaban por América, impulsadas por otros movimientos revolucionarios.

En ese contexto, figuras como José de Villamil, José de Antepara y varios oficiales independentistas comenzaron a organizar un levantamiento contra el régimen colonial.

Uno de los encuentros decisivos ocurrió el 1 de octubre de 1820, durante una reunión conocida como la Fragua de Vulcano, celebrada en la casa de José de Villamil, donde los conspiradores avanzaron en los preparativos de la revolución.

La madrugada que cambió la historia de Guayaquil

El levantamiento se ejecutó durante la madrugada del 9 de octubre.

Los revolucionarios, con el respaldo de militares que simpatizaban con la causa independentista, tomaron posiciones estratégicas y lograron controlar los principales cuarteles de la ciudad.

Uno de los episodios más violentos se produjo en el cuartel Daule, donde murió el comandante realista Joaquín Magallar.

La participación de oficiales como León de Febres-Cordero, Luis Urdaneta y Miguel de Letamendi fue determinante para el éxito de la operación.

Al amanecer, Guayaquil había quedado bajo el control de los independentistas, sin que las fuerzas españolas consiguieran recuperar la ciudad.

La victoria permitió proclamar la independencia y establecer una nueva organización política, que posteriormente daría forma a la Provincia Libre de Guayaquil.

José Joaquín de Olmedo y la construcción de un gobierno independiente
Tras el triunfo de la revolución, José Joaquín de Olmedo se convirtió en una de las principales figuras políticas del nuevo territorio.

El poeta y político guayaquileño encabezó el proceso de organización institucional y consolidó posteriormente la conducción del gobierno de la Provincia Libre de Guayaquil.

Junto a él participaron personajes como José de Villamil, José de Antepara, Vicente Ramón Roca y Pedro Montero, quienes contribuyeron desde distintos espacios a la causa independentista.

La nueva provincia mantuvo su autonomía entre 1820 y 1822, período durante el cual buscó consolidar su organización política y respaldar la liberación de otros territorios.

Una independencia que impulsó la liberación de Quito

La importancia del 9 de octubre de 1820 trascendió las fronteras de Guayaquil.

La ciudad se convirtió en un punto estratégico para las campañas militares que buscaban poner fin al dominio español en la Sierra.

Desde allí se organizaron esfuerzos militares y se proporcionaron recursos para continuar la lucha independentista.

Este proceso contribuyó a las campañas que culminaron con la batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, cuando las fuerzas patriotas, dirigidas por Antonio José de Sucre, derrotaron al ejército realista en las cercanías de Quito.

Meses después, Guayaquil se incorporó a la Gran Colombia, cerrando una etapa de autonomía política que había comenzado con la revolución de octubre.

206 años después, Guayaquil recuerda su Aurora Gloriosa

Más de dos siglos después, la independencia de Guayaquil continúa siendo uno de los acontecimientos fundamentales de la historia ecuatoriana.

La fecha recuerda no solamente la victoria militar sobre las autoridades españolas, sino también las aspiraciones de autonomía, representación política y libertad que motivaron a sus protagonistas.

Cada 9 de octubre, la ciudad conmemora aquella jornada que transformó su destino y contribuyó al proceso de emancipación del territorio que años después conformaría la República del Ecuador.

La Aurora Gloriosa permanece como símbolo de una lucha que comenzó en Guayaquil, pero cuyas consecuencias marcaron la historia de todo el país.

¿Qué pasó en la Universidad de Cuenca? Videos muestran a estudiantes protestando contra Noboa

Videos difundidos en redes muestran las protestas y momentos de tensión entre estudiantes, docentes y uniformados en la Universidad de Cuenca


La visita del presidente Daniel Noboa a la Universidad de Cuenca estuvo marcada este miércoles 7 de octubre de 2026 por una protesta estudiantil en el campus Balzay.

El mandatario tenía previsto acudir a los predios universitarios para conocer el espacio donde se levantará una residencia universitaria, proyecto que es impulsado junto con el Gobierno. La Universidad de Cuenca había informado previamente que la visita fue autorizada por el Consejo Universitario.

Estudiantes salieron de las aulas

Videos que circulan en redes sociales muestran a grupos de estudiantes congregados en los alrededores del campus, con consignas y pancartas en rechazo a la presencia del mandatario.

La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) había expresado previamente su rechazo a la visita y convocó a un plantón. Entre los reclamos mencionados por dirigentes estudiantiles están la situación de la educación, la salud pública, la seguridad y los derechos de los trabajadores.

En las imágenes difundidas también se observa un amplio despliegue de policías en el sector. Algunos reportes señalan además la presencia de militares en los alrededores de la universidad.

Un docente aparece en medio de los incidentes

Entre los videos que se han viralizado aparece también un docente que intenta atravesar una valla de seguridad instalada en el lugar, en medio de la concentración estudiantil.

Las imágenes muestran momentos de tensión entre integrantes de la comunidad universitaria y los uniformados. Sin embargo, las circunstancias exactas de este episodio todavía no han sido esclarecidas oficialmente.

También existen reportes sobre un supuesto uso de gas pimienta contra manifestantes, aunque este hecho corresponde, por ahora, a una denuncia de los estudiantes y no a una confirmación oficial.

¿Noboa tuvo que retirarse?

En redes sociales comenzaron a circular versiones según las cuales Noboa habría tenido que retirarse del lugar ante la protesta estudiantil. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita establecer que el mandatario abandonó la universidad específicamente debido a las manifestaciones.

9/29/2026

Federación de Barrios de Riobamba convoca a nuevas elecciones en medio de un proceso de reorganización

 La organización barrial convocó a una Asamblea General Extraordinaria de Elecciones para el viernes 2 de octubre de 2026. La convocatoria contempla la elección y posesión de una nueva directiva, en un proceso marcado por cuestionamientos sobre la situación actual de la Federación.

La Federación de Barrios de Riobamba convocó a sus representantes a una Asamblea General Extraordinaria de Elecciones, prevista para el viernes 2 de octubre de 2026, en medio de un proceso que sus dirigentes califican como una etapa de reorganización de la organización barrial.

De acuerdo con la autoconvocatoria difundida por la Federación, los presidentes de distintos barrios de Riobamba fueron llamados a participar en la jornada, cuyo principal objetivo será elegir una nueva directiva.

El documento señala como parte del contexto una situación que los dirigentes califican como “acefalía”, relacionada con la impugnación de una Asamblea Local Ciudadana. En la documentación también se menciona el oficio No. MDH-CZ-3-DDR-2026-0783-OF.

La elección está prevista para el 2 de octubre

La Asamblea General Extraordinaria está convocada para las 17:00 del viernes 2 de octubre, en la sede de la Federación de Barrios de Riobamba, ubicada en las calles Veloz 25-13 y España.

El orden del día contempla una serie de pasos que deberán cumplirse antes de la elección de la nueva directiva:

Constatación del quórum.

Elección de presidente y secretario ad hoc para dirigir la Asamblea.

Entrega de documentación y acreditación de los representantes de los barrios.

Elección de la nueva directiva.

Posesión de la directiva electa.

Clausura de la Asamblea.

De esta manera, la jornada no solo contempla la elección de autoridades, sino también la acreditación de los representantes que participarán en el proceso.

¿Qué ocurrirá si no existe quórum?

Uno de los aspectos establecidos en la convocatoria tiene relación con el número de representantes necesarios para instalar la Asamblea.

Según el documento difundido, si a la hora señalada no existe el quórum reglamentario, la sesión se reinstalará 10 minutos después con los socios presentes, conforme a lo establecido en el artículo 52 de los estatutos de la organización.

La convocatoria señala que, bajo ese mecanismo, la actuación de la Asamblea será considerada válida de acuerdo con las disposiciones estatutarias.

Dirigentes buscan recuperar el protagonismo de la Federación

La convocatoria se produce además en medio de cuestionamientos planteados por dirigentes barriales respecto al papel que la Federación ha desempeñado en el desarrollo y representación de Riobamba.

Quienes impulsan la reorganización sostienen que la organización habría perdido protagonismo y plantean la necesidad de recuperar su papel como espacio de representación de los barrios del cantón.

Estas expresiones corresponden a los dirigentes que promueven el proceso de reorganización y no constituyen, por sí mismas, un hecho comprobado. La elección será el escenario en el que los representantes barriales deberán definir si respaldan una nueva conducción de la organización.

El proceso ya cuenta con antecedentes de control ciudadano

La renovación de la Federación de Barrios de Riobamba no constituye un proceso aislado. Durante 2026 también se activaron mecanismos de participación y control ciudadano relacionados con la organización.

En abril, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convocó a una veeduría ciudadana para vigilar el proceso administrativo desarrollado por el entonces Ministerio de Desarrollo Humano respecto al registro del directorio de la Federación de Barrios de Riobamba correspondiente al período 2026-2028.

Este antecedente añade un componente de vigilancia ciudadana al actual proceso de reorganización.

Una elección que definirá la nueva conducción barrial

La Asamblea del 2 de octubre será, por tanto, un momento determinante para la organización barrial de Riobamba: los representantes acreditados deberán participar en la elección de una nueva directiva y posteriormente en su posesión.

El proceso estará marcado por la necesidad de establecer la legitimidad de la nueva conducción, garantizar la participación de los barrios y definir el papel que tendrá la Federación en la representación de las organizaciones barriales del cantón.

 

Ecuador establece clasificación de presos por niveles de riesgo: alto, medio y bajo

El nuevo reglamento penitenciario establece criterios para determinar el nivel de riesgo de cada persona privada de libertad. Los considerados de alto riesgo podrán ser trasladados a centros o pabellones de máxima seguridad, bajo controles reforzados y mayores restricciones.


Ecuador puso en vigencia un nuevo sistema de clasificación de las personas privadas de libertad que establece tres niveles de riesgo: alto, medio y bajo. La medida determinará, entre otros aspectos, el centro penitenciario, pabellón y condiciones de seguridad bajo las cuales permanecerá recluida cada persona.

El Reglamento para la Clasificación de Personas Privadas de Libertad consta en la Resolución OT-SNRS-2026-0002-R-EXQ, suscrita por el ministro del Interior, John Reimberg, y publicada en el Registro Oficial N.º 378, el lunes 28 de septiembre de 2026.

Tres niveles de riesgo

La normativa establece una clasificación individual de la población penitenciaria:

Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

La categorización tendrá consecuencias directas sobre el nivel de seguridad y el lugar donde será ubicada cada persona dentro del sistema penitenciario.

Para establecer el nivel de riesgo se podrán considerar factores como la naturaleza y gravedad del delito, el riesgo de fuga, antecedentes disciplinarios, comportamiento dentro del centro penitenciario, episodios de violencia y posibles amenazas contra otros internos o funcionarios.

También se analizará una eventual participación o vinculación con organizaciones de delincuencia organizada, estructuras transnacionales, terrorismo, narcoterrorismo u otras redes asociadas, así como el rol o nivel de liderazgo que una persona pueda ejercer dentro de estas estructuras.

La clasificación también alcanza a quienes están en prisión preventiva

Uno de los aspectos establecidos por el reglamento es que el sistema también podrá aplicarse a personas que se encuentran en prisión preventiva o que todavía no cuentan con una sentencia condenatoria ejecutoriada.

En estos casos, la clasificación tendrá un propósito preventivo relacionado exclusivamente con la seguridad penitenciaria y no podrá ser considerada como una declaración de responsabilidad penal.
Informes de inteligencia serán parte de la evaluación

El nuevo sistema incorpora información proveniente de inteligencia policial y penitenciaria, además de insumos proporcionados por el ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia y otros organismos técnicos especializados.

Estos informes podrán ser entregados de manera reservada o secreta al Organismo Técnico, entidad que tendrá la responsabilidad de adoptar la decisión final sobre el nivel de riesgo asignado a cada persona privada de libertad.

Alto riesgo: máxima seguridad y mayores restricciones

Las personas clasificadas como de alto riesgo podrán ingresar al denominado Régimen Penitenciario Especial y ser ubicadas en centros o pabellones de máxima seguridad.

Este régimen contempla medidas reforzadas, entre ellas:
Control mediante herramientas tecnológicas.
Separación penitenciaria.
Supervisión tecnológica.
Monitoreo permanente
Bloqueo de comunicaciones ilícitas.
Custodia reforzada.
Protocolos especiales para desplazamientos y traslados.
Rotación del personal penitenciario.
Restricciones en los economatos.

Además, el reglamento establece condiciones específicas para las comunicaciones y visitas.

Las comunicaciones y visitas con abogados deberán realizarse de manera telemática mediante los mecanismos autorizados por la administración penitenciaria. Las visitas familiares presenciales o telemáticas estarán restringidas como regla general para quienes permanezcan bajo este régimen.

De manera excepcional, podrá autorizarse una visita familiar telemática cuando exista una circunstancia grave, extraordinaria y debidamente acreditada.

La correspondencia de las personas sometidas al régimen especial también estará bajo controles estrictos.

Hasta ocho días para definir la clasificación inicial

El proceso de clasificación comenzará para quienes ingresen al Régimen Penitenciario Ordinario, una vez que exista una boleta de encarcelamiento emitida por la autoridad competente.

Tras la identificación y registro, la persona permanecerá temporalmente en un área destinada a la evaluación. En esta etapa se revisarán aspectos como su identidad, situación procesal, estado de salud física y mental, discapacidad, medicación y factores relacionados con posibles fugas o hechos de violencia.

Esta etapa transitoria no podrá superar los ocho días.

Durante las primeras 24 horas, además, deberán verificarse la orden judicial de privación de libertad, identidad, pertenencias, situación procesal, posibilidad de comunicación con la defensa y un familiar, alertas de seguridad y condiciones de salud.

La evaluación estará a cargo de un equipo técnico multidisciplinario integrado por profesionales de Psicología, Trabajo Social y Derecho. Sin embargo, la decisión individualizada sobre el nivel de riesgo corresponderá al Organismo Técnico.

La aplicación será progresiva

La nueva normativa no será implementada de manera integral e inmediata en todos los centros penitenciarios.

El Organismo Técnico y el SNAI deberán ejecutar un plan progresivo cuya implementación deberá comenzar en un plazo máximo de 90 días desde la entrada en vigencia del reglamento.

Además, en un plazo de 30 días deberán elaborarse las fichas técnicas y formatos necesarios para los procesos de clasificación y reclasificación.

Por su parte, el SNAI tendrá 60 días para implementar los insumos y el módulo correspondiente en su sistema informático de gestión penitenciaria.

Un nuevo modelo para ordenar la población penitenciaria

La nueva clasificación representa un cambio en la forma en que el sistema penitenciario ecuatoriano determinará las condiciones de seguridad de las personas privadas de libertad.

El objetivo establecido en la normativa es diferenciar a la población penitenciaria de acuerdo con sus niveles de riesgo y seguridad, mediante una evaluación individual que deberá considerar factores jurídicos, disciplinarios, conductuales y de inteligencia.

El reglamento se sustenta en las reformas introducidas en abril de 2026, que establecieron la necesidad de implementar mecanismos técnicos para diferenciar a las personas privadas de libertad según sus niveles de seguridad y riesgo.

9/22/2026

TCE multa con USD 12.050 a Guillermo Churuchumbi por cuentas de campaña de Pachakutik

La sanción, dictada en primera instancia, también alcanza al responsable económico de la organización. El caso vuelve a poner bajo escrutinio el manejo y la rendición de cuentas de los recursos utilizados por las organizaciones políticas.



El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionó, en primera instancia, al coordinador nacional de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, y al responsable del manejo económico de la organización, Carlos Gabriel Sánchez Villagrán, por un incumplimiento relacionado con la presentación y subsanación de las cuentas de campaña correspondientes al Referéndum y Consulta Popular de 2024.

La resolución fue emitida el 21 de septiembre de 2026 por el juez electoral Ángel Torres, quien aceptó la denuncia presentada por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera. Según la acusación, la documentación fue presentada fuera de los plazos establecidos y las observaciones realizadas al informe de cuentas no fueron subsanadas oportunamente.

USD 12.050 para cada sancionado

El juez dispuso una multa equivalente a 25 salarios básicos unificados, es decir, USD 12.050 para cada uno de los dos dirigentes. El pago deberá efectuarse en la cuenta de multas del CNE dentro del plazo establecido una vez que la sentencia quede ejecutoriada.

La decisión, sin embargo, todavía no es definitiva. Al tratarse de una sentencia de primera instancia, los sancionados tienen la posibilidad de recurrir ante el pleno del TCE, que podrá revisar la resolución dentro de los mecanismos previstos por la legislación electoral.

El punto de fondo: ¿quién responde por las cuentas?

Más allá del monto de la multa, el caso expone una discusión relevante sobre la responsabilidad que tienen las dirigencias políticas frente al manejo económico de sus organizaciones.

Durante la audiencia realizada el 4 de septiembre, la defensa de Churuchumbi sostuvo que Pachakutik sí había presentado el expediente de cuentas y cuestionó que las pruebas demostraran una participación directa de su defendido en la elaboración, administración, custodia o presentación de la información financiera.


El planteamiento de la defensa fue rechazado por la parte denunciante. El CNE sostuvo que Churuchumbi, en su condición de representante legal de Pachakutik, tiene responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones económicas de la organización.


Este aspecto resulta especialmente relevante porque la controversia no se limita a determinar si existió un retraso documental. También plantea hasta dónde llega la responsabilidad de las máximas autoridades de una organización política cuando las obligaciones financieras y electorales son ejecutadas por responsables económicos específicos.

Una sanción que no afecta, por ahora, la candidatura

El marco legal contempla sanciones más severas para este tipo de infracciones, entre ellas multas mayores y restricciones sobre los derechos políticos. En este caso, el juez impuso una sanción económica y no dispuso la suspensión de los derechos políticos de Churuchumbi ni la cancelación de Pachakutik.


Esto significa que, mientras la sentencia pueda ser impugnada y no exista una decisión definitiva que establezca una consecuencia distinta, Churuchumbi mantiene sus derechos de participación política y su candidatura a la Prefectura de Pichincha no queda anulada por esta resolución.


Una advertencia para las organizaciones políticas


El caso vuelve a colocar sobre la mesa un tema que suele quedar relegado frente a las disputas electorales: la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos utilizados durante una campaña.


Las organizaciones políticas no solo enfrentan el desafío de conseguir votos y estructurar candidaturas. También están obligadas a demostrar, dentro de los plazos establecidos, de dónde provienen sus recursos, cómo fueron utilizados y quiénes son responsables de presentar y justificar esa información ante las autoridades electorales.


La resolución contra Churuchumbi y Sánchez Villagrán muestra que los incumplimientos relacionados con la administración electoral pueden terminar en procesos ante la justicia especializada y generar consecuencias económicas para sus dirigentes.


Por ahora, el caso permanece abierto en términos jurídicos. La última palabra todavía no está dicha, pues la sentencia puede ser apelada y el pleno del TCE tendrá la posibilidad de ratificarla o modificarla.

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