El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionó, en primera instancia, al coordinador nacional de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, y al responsable del manejo económico de la organización, Carlos Gabriel Sánchez Villagrán, por un incumplimiento relacionado con la presentación y subsanación de las cuentas de campaña correspondientes al Referéndum y Consulta Popular de 2024.

La resolución fue emitida el 21 de septiembre de 2026 por el juez electoral Ángel Torres, quien aceptó la denuncia presentada por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera. Según la acusación, la documentación fue presentada fuera de los plazos establecidos y las observaciones realizadas al informe de cuentas no fueron subsanadas oportunamente.

USD 12.050 para cada sancionado

El juez dispuso una multa equivalente a 25 salarios básicos unificados, es decir, USD 12.050 para cada uno de los dos dirigentes. El pago deberá efectuarse en la cuenta de multas del CNE dentro del plazo establecido una vez que la sentencia quede ejecutoriada.

La decisión, sin embargo, todavía no es definitiva. Al tratarse de una sentencia de primera instancia, los sancionados tienen la posibilidad de recurrir ante el pleno del TCE, que podrá revisar la resolución dentro de los mecanismos previstos por la legislación electoral.

El punto de fondo: ¿quién responde por las cuentas?

Más allá del monto de la multa, el caso expone una discusión relevante sobre la responsabilidad que tienen las dirigencias políticas frente al manejo económico de sus organizaciones.

Durante la audiencia realizada el 4 de septiembre, la defensa de Churuchumbi sostuvo que Pachakutik sí había presentado el expediente de cuentas y cuestionó que las pruebas demostraran una participación directa de su defendido en la elaboración, administración, custodia o presentación de la información financiera.

El planteamiento de la defensa fue rechazado por la parte denunciante. El CNE sostuvo que Churuchumbi, en su condición de representante legal de Pachakutik, tiene responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones económicas de la organización.

Este aspecto resulta especialmente relevante porque la controversia no se limita a determinar si existió un retraso documental. También plantea hasta dónde llega la responsabilidad de las máximas autoridades de una organización política cuando las obligaciones financieras y electorales son ejecutadas por responsables económicos específicos.

Una sanción que no afecta, por ahora, la candidatura

El marco legal contempla sanciones más severas para este tipo de infracciones, entre ellas multas mayores y restricciones sobre los derechos políticos. En este caso, el juez impuso una sanción económica y no dispuso la suspensión de los derechos políticos de Churuchumbi ni la cancelación de Pachakutik.

Esto significa que, mientras la sentencia pueda ser impugnada y no exista una decisión definitiva que establezca una consecuencia distinta, Churuchumbi mantiene sus derechos de participación política y su candidatura a la Prefectura de Pichincha no queda anulada por esta resolución.

Una advertencia para las organizaciones políticas

El caso vuelve a colocar sobre la mesa un tema que suele quedar relegado frente a las disputas electorales: la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos utilizados durante una campaña.

Las organizaciones políticas no solo enfrentan el desafío de conseguir votos y estructurar candidaturas. También están obligadas a demostrar, dentro de los plazos establecidos, de dónde provienen sus recursos, cómo fueron utilizados y quiénes son responsables de presentar y justificar esa información ante las autoridades electorales.

La resolución contra Churuchumbi y Sánchez Villagrán muestra que los incumplimientos relacionados con la administración electoral pueden terminar en procesos ante la justicia especializada y generar consecuencias económicas para sus dirigentes.

Por ahora, el caso permanece abierto en términos jurídicos. La última palabra todavía no está dicha, pues la sentencia puede ser apelada y el pleno del TCE tendrá la posibilidad de ratificarla o modificarla.

Intermedia Ecuador | Política y actualidad