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Ecuavisa, canal para el que trabaja Hernán Higuera, anunció la decisión de dejar la investigación del caso Progen en su noticiero central, detallando presiones que involucran al Secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, y a entidades como Arcotel y Cordicom.
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El periodista Hernán Higuera dejará de investigar el caso Progen debido a represalias ejecutadas por instituciones del Estado en contra de su esposa y de su hijo. La decisión fue anunciada por la cadena televisiva Ecuavisa en su noticiero central, la noche del 19 de junio de 2026.
El medio de comunicación presentó una cronología de hechos sucedidos desde el inicio de la investigación periodística, los cuales incluyen:Un pronunciamiento en contra de Higuera por parte del Secretario General de la Administración Pública, José Julio Neira.
La utilización de instituciones del Estado, específicamente la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom).
La organización Fundamedios emitió una alerta tras el anuncio del canal de televisión. "Fundamedios rechaza las acciones contra la esposa y el hijo de Hernán Higuera por posibles represalias por su labor periodística", informó la entidad en sus plataformas oficiales.
Caso Progen: Fiscalía procesa a 21 personas por presunto peculado de 104 millones de dólares
La Fiscalía General del Estado procesa a 21 personas por el presunto delito de peculado en el denominado caso Progen, una investigación que determina el uso de 104 millones de dólares públicos para la adquisición de generadores de energía destinados a las centrales térmicas de Quevedo y Salitral. Según el reporte fiscal, el país recibió maquinaria usada, repintada y fuera de los estándares de vigencia tecnológica requeridos.
Por disposición judicial, el exministro de Energía Antonio Goncalves y el exgerente de Celec Fabián Calero se encuentran bajo prisión preventiva, junto con otros 17 implicados señalados como autores directos del delito.
Técnicos denuncian filtración de ofertas y retiro de observaciones
Cuatro miembros de la Comisión de Estudio Técnico de Mercado (Javier Lasluiza, Romel Llumiquinga, Marco Chicaiza y Marcos Poma), quienes registran órdenes de detención, entregaron sus versiones sobre la fase preliminar de la contratación.
Los funcionarios indicaron que su rol se limitó a la revisión de proformas remitidas por la gerencia de la Unidad de Negocio Termopichincha, a cargo de Byron Orozco.
Los técnicos detallaron las siguientes irregularidades dentro del proceso:Restricción de ofertas: De un total de ocho empresas postulantes captadas en una fase previa, la gerencia entregó a la comisión únicamente las carpetas de Progen y de la firma DV Santos.
Objeciones documentales: La comisión detectó tres inconsistencias en la propuesta de Progen, vinculadas al año de fabricación de los motores de marca EMD, la ausencia de la carta oficial del fabricante y variaciones en el rendimiento del combustible.
Reunión sin dispositivos: El ingeniero Marco Chicaiza denunció la existencia de una sesión de trabajo convocada por la gerencia donde se obligó a los técnicos a deponer sus teléfonos celulares antes de ingresar.
Exigencia de recomendación:
Los cuatro profesionales coincidieron en que existieron insistencias vía memorando y de forma verbal por parte de Orozco para modificar las matrices técnicas y emitir una recomendación favorable hacia Progen.
Exgerente justifica las gestiones por la crisis energética
Por su parte, Byron Orozco, quien cumple arresto domiciliario y usa grillete, descartó la existencia de un direccionamiento deliberado hacia la empresa proveedora. El exgerente argumentó que las solicitudes de agilidad respondían a la crisis del sector y a la vigencia de apagones de hasta 14 horas diarias en el país.
Orozco afirmó que la comisión técnica no adjudicó el contrato, sino que sugirió el envío de una invitación formal donde Progen debía subsanar las observaciones en las etapas contractuales subsiguientes. Asimismo, informó que un funcionario del Ministerio de Energía realizaba requerimientos continuos de documentación y anunció que ampliará su versión judicial el próximo 23 de junio de 2026.
La Fiscalía General del Estado fundamentó la acusación en la firma del estudio de mercado que viabilizó la contratación. El abogado de la comisión técnica, Fernando Castro, formalizó el recurso de apelación a la prisión preventiva, bajo el argumento de que sus defendidos no administraron fondos, no adjudicaron contratos ni autorizaron desembolsos económicos.
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