La organización barrial convocó a una Asamblea General Extraordinaria de Elecciones para el viernes 2 de octubre de 2026. La convocatoria contempla la elección y posesión de una nueva directiva, en un proceso marcado por cuestionamientos sobre la situación actual de la Federación.
La Federación de Barrios de Riobamba convocó a sus representantes a una Asamblea General Extraordinaria de Elecciones, prevista para el viernes 2 de octubre de 2026, en medio de un proceso que sus dirigentes califican como una etapa de reorganización de la organización barrial.
De acuerdo con la autoconvocatoria difundida por la
Federación, los presidentes de distintos barrios de Riobamba fueron llamados a
participar en la jornada, cuyo principal objetivo será elegir una nueva
directiva.
El documento señala como parte del contexto una situación
que los dirigentes califican como “acefalía”, relacionada con la impugnación de
una Asamblea Local Ciudadana. En la documentación también se menciona el oficio
No. MDH-CZ-3-DDR-2026-0783-OF.
La elección está prevista para el 2 de octubre
El orden del día contempla una serie de pasos que
deberán cumplirse antes de la elección de la nueva directiva:
Constatación del quórum.
Elección de presidente y secretario ad hoc para dirigir
la Asamblea.
Entrega de documentación y acreditación de los
representantes de los barrios.
Elección de la nueva directiva.
Posesión de la directiva electa.
Clausura de la Asamblea.
De esta manera, la jornada no solo contempla la elección
de autoridades, sino también la acreditación de los representantes que
participarán en el proceso.
¿Qué ocurrirá si no existe quórum?
Uno de los aspectos establecidos en la convocatoria
tiene relación con el número de representantes necesarios para instalar la
Asamblea.
Según el documento difundido, si a la hora señalada no
existe el quórum reglamentario, la sesión se reinstalará 10 minutos después con
los socios presentes, conforme a lo establecido en el artículo 52 de los
estatutos de la organización.
La convocatoria señala que, bajo ese mecanismo, la
actuación de la Asamblea será considerada válida de acuerdo con las
disposiciones estatutarias.
Dirigentes buscan recuperar el protagonismo de la Federación
La convocatoria se produce además en medio de
cuestionamientos planteados por dirigentes barriales respecto al papel que la
Federación ha desempeñado en el desarrollo y representación de Riobamba.
Quienes impulsan la reorganización sostienen que la organización
habría perdido protagonismo y plantean la necesidad de recuperar su papel como
espacio de representación de los barrios del cantón.
Estas expresiones corresponden a los dirigentes que
promueven el proceso de reorganización y no constituyen, por sí mismas, un
hecho comprobado. La elección será el escenario en el que los representantes
barriales deberán definir si respaldan una nueva conducción de la organización.
El proceso ya cuenta con antecedentes de control
ciudadano
La renovación de la Federación de Barrios de Riobamba no
constituye un proceso aislado. Durante 2026 también se activaron mecanismos de participación
y control ciudadano relacionados con la organización.
En abril, el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social (CPCCS) convocó a una veeduría ciudadana para vigilar el proceso
administrativo desarrollado por el entonces Ministerio de Desarrollo Humano
respecto al registro del directorio de la Federación de Barrios de Riobamba
correspondiente al período 2026-2028.
Este antecedente añade un componente de vigilancia
ciudadana al actual proceso de reorganización.
Una elección que definirá la nueva conducción barrial
La Asamblea del 2 de octubre será, por tanto, un momento
determinante para la organización barrial de Riobamba: los representantes
acreditados deberán participar en la elección de una nueva directiva y
posteriormente en su posesión.
El proceso estará marcado por la necesidad de establecer
la legitimidad de la nueva conducción, garantizar la participación de los
barrios y definir el papel que tendrá la Federación en la representación de las
organizaciones barriales del cantón.
El nuevo reglamento penitenciario establece criterios para determinar el nivel de riesgo de cada persona privada de libertad. Los considerados de alto riesgo podrán ser trasladados a centros o pabellones de máxima seguridad, bajo controles reforzados y mayores restricciones.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionó, en primera instancia, al coordinador nacional de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, y al responsable del manejo económico de la organización, Carlos Gabriel Sánchez Villagrán, por un incumplimiento relacionado con la presentación y subsanación de las cuentas de campaña correspondientes al Referéndum y Consulta Popular de 2024.
La resolución fue emitida el 21 de septiembre de 2026 por el juez electoral Ángel Torres, quien aceptó la denuncia presentada por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera. Según la acusación, la documentación fue presentada fuera de los plazos establecidos y las observaciones realizadas al informe de cuentas no fueron subsanadas oportunamente.
El juez dispuso una multa equivalente a 25 salarios básicos unificados, es decir, USD 12.050 para cada uno de los dos dirigentes. El pago deberá efectuarse en la cuenta de multas del CNE dentro del plazo establecido una vez que la sentencia quede ejecutoriada.
La decisión, sin embargo, todavía no es definitiva. Al tratarse de una sentencia de primera instancia, los sancionados tienen la posibilidad de recurrir ante el pleno del TCE, que podrá revisar la resolución dentro de los mecanismos previstos por la legislación electoral.
Más allá del monto de la multa, el caso expone una discusión relevante sobre la responsabilidad que tienen las dirigencias políticas frente al manejo económico de sus organizaciones.
Durante la audiencia realizada el 4 de septiembre, la defensa de Churuchumbi sostuvo que Pachakutik sí había presentado el expediente de cuentas y cuestionó que las pruebas demostraran una participación directa de su defendido en la elaboración, administración, custodia o presentación de la información financiera.
El planteamiento de la defensa fue rechazado por la parte denunciante. El CNE sostuvo que Churuchumbi, en su condición de representante legal de Pachakutik, tiene responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones económicas de la organización.
Este aspecto resulta especialmente relevante porque la controversia no se limita a determinar si existió un retraso documental. También plantea hasta dónde llega la responsabilidad de las máximas autoridades de una organización política cuando las obligaciones financieras y electorales son ejecutadas por responsables económicos específicos.
El marco legal contempla sanciones más severas para este tipo de infracciones, entre ellas multas mayores y restricciones sobre los derechos políticos. En este caso, el juez impuso una sanción económica y no dispuso la suspensión de los derechos políticos de Churuchumbi ni la cancelación de Pachakutik.
Esto significa que, mientras la sentencia pueda ser impugnada y no exista una decisión definitiva que establezca una consecuencia distinta, Churuchumbi mantiene sus derechos de participación política y su candidatura a la Prefectura de Pichincha no queda anulada por esta resolución.
Una advertencia para las organizaciones políticas
El caso vuelve a colocar sobre la mesa un tema que suele quedar relegado frente a las disputas electorales: la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos utilizados durante una campaña.
Las organizaciones políticas no solo enfrentan el desafío de conseguir votos y estructurar candidaturas. También están obligadas a demostrar, dentro de los plazos establecidos, de dónde provienen sus recursos, cómo fueron utilizados y quiénes son responsables de presentar y justificar esa información ante las autoridades electorales.
La resolución contra Churuchumbi y Sánchez Villagrán muestra que los incumplimientos relacionados con la administración electoral pueden terminar en procesos ante la justicia especializada y generar consecuencias económicas para sus dirigentes.
Por ahora, el caso permanece abierto en términos jurídicos. La última palabra todavía no está dicha, pues la sentencia puede ser apelada y el pleno del TCE tendrá la posibilidad de ratificarla o modificarla.
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