La decisión de la Fiscalía de allanar la sede principal de la Revolución Ciudadana en Quito, en el marco del denominado Caso Caja Chica, ha escalado rápidamente del plano judicial al terreno político.
La diligencia, ejecutada la mañana del 28 de febrero de 2026, se enmarca en una investigación por presunta delincuencia organizada con finos de lavado de activos.
Durante el operativo, la Policía revisó documentación y retuvo carpetas como parte de las evidencias, según informó la propia Fiscalía.
Sin embargo, más allá del procedimiento legal, el hecho detonó un fuerte pronunciamiento del correísmo.
La presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, calificó la acción como persecución política y cuestionó que —a su criterio— existen otros casos que deben ser priorizados por el Ministerio Público.
En la misma línea, la asambleísta Viviana Veloz acusó al presidente Daniel Noboa de utilizar el aparato estatal para intimidar a la oposición. Incluso interpeló públicamente al fiscal general Alarcón por supuestas omisiones en otros procesos.
También la legisladora Mónica Palacios difundió videos del ingreso policial, mientras que Raúl Chávez, del movimiento Reto, habló de un debilitamiento de la democracia.
El trasfondo político es inevitable.
El comunicado de la Revolución Ciudadana apunta directamente al calendario electoral, insinuando que las acciones judiciales coinciden estratégicamente con un momento clave para la reorganización de fuerzas políticas.
El punto crítico del debate no es únicamente si existen o no indicios suficientes en el Caso Caja Chica —algo que deberá determinar la investigación—, sino si el sistema judicial logra sostener la credibilidad en un país donde la frontera entre justicia y política ha sido históricamente frágil.
En un escenario polarizado, cada allanamiento se convierte en un mensaje político. Para unos, es una señal de que nadie está por encima de la ley. Para otros, es la confirmación de una justicia selectiva.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿Estamos ante un avance en la lucha contra la corrupción o frente a un nuevo capítulo de confrontación institucional en Ecuador?
El desarrollo del proceso marcará no solo el destino del caso, sino también la percepción ciudadana sobre la falta de independencia de la justicia y la persecución política en un año políticamente sensato.
