El magistrado asegura que su fallo fue respaldado por un juez de la Corte Nacional y sostiene que enfrenta un proceso disciplinario por un supuesto “error inexcusable”, tras levantar la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil.
El magistrado Byron Uzcátegui, integrante de la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, se encuentra hoy en el centro de una tormenta judicial y política tras su suspensión por parte del Consejo de la Judicatura.
El motivo central de esta medida fue la decisión del tribunal que él integraba de levantar la prisión preventiva que pesaba sobre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos en el marco del denominado caso Goleada.
La suspensión de Uzcátegui y sus compañeros de tribunal responde a una acusación de “error inexcusable”. Sin embargo, el magistrado defiende la legalidad de su fallo, argumentando que no puede existir tal error cuando su decisión fue incluso avalada por Javier de la Cadena, juez de la Corte Nacional de Justicia, quien posteriormente fue removido de su cargo y enviado a juzgados en Imbabura tras dicha resolución.
Uzcátegui ha denunciado públicamente que el proceso disciplinario en su contra ocurre en un contexto de debilitamiento de la justicia, señalando que su suspensión ha reducido la operatividad de la unidad anticorrupción en un 50%, al quedar solo tres jueces para cubrir todos los despachos.
Presiones administrativas
Entre los hechos más llamativos denunciados por el juez destaca una presunta maniobra administrativa para apartarlo de sus funciones. Uzcátegui señaló en Ecuavisa que, el 5 de marzo, el mismo día en que el tribunal fijó la audiencia para el caso Goleada, la Judicatura le dispuso a él y a la jueza Silvana Velasco asistir a un evento en Panamá.
A pesar de que el magistrado envió un correo electrónico informando que no podía asistir debido a las audiencias programadas, el Consejo de la Judicatura le envió los pasajes de avión, obligándolo a realizar el viaje.
Con casi 20 años de carrera judicial y una hoja de vida sin sanciones previas, Uzcátegui defiende su honestidad y su derecho a interpretar las normas sin injerencias. Su situación ha generado reacciones de figuras del ámbito jurídico.
Carlos Serrano, exjuez anticorrupción, lo calificó como un “jurista de primer nivel” y uno de los pocos jueces independientes que quedan en el sistema, advirtiendo que su sanción busca “disciplinar” a los magistrados honestos.
Jorge Luis Mazón, abogado y profesor universitario, destacó que Uzcátegui fue su mejor estudiante y lo describió como una persona “honesta”, sugiriendo que su destitución es un intento del poder político por deshacerse de jueces “incómodos”.
Un futuro incierto en los tribunales
Actualmente, el juez no solo enfrenta el sumario administrativo que podría derivar en su destitución definitiva, sino también una indagación penal abierta por la Fiscalía General del Estado. De ser apartado del cargo, Uzcátegui y sus colegas suspendidos ya no podrán conocer, en instancia de apelación, procesos de alto interés político como el caso Triple A, en el cual también está procesado el alcalde de Guayaquil.
Esta situación pone de relieve la vulnerabilidad de los jueces especializados ante los procesos disciplinarios en Ecuador y el impacto que estas decisiones tienen en la resolución de casos de corrupción que involucran a figuras de alto perfil político.
RADIO PICHINCHA
