La intervención denominada Gran Fénix 066 dejó 15 personas detenidas y 16 inmuebles allanados en Los Ríos, Azuay y Guayas. La investigación apunta a presuntos movimientos financieros por USD 3,22 millones y a un posible incremento patrimonial injustificado.

El alcalde del cantón Vinces, Juan Alfonso Montalván Cerezo, fue aprehendido este 28 de octubre de 2026 durante un operativo simultáneo ejecutado en las provincias de Los Ríos, Azuay y Guayas, en el marco de una investigación por el presunto delito de lavado de activos.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el operativo, denominado Gran Fénix 066, las diligencias dejaron un saldo de 15 personas detenidas y 16 inmuebles allanados, según el detalle atribuido a la Fiscalía. Las autoridades investigan a una presunta estructura que habría utilizado mecanismos del sistema financiero nacional para movilizar recursos de origen ilícito.

Investigación por movimientos financieros de USD 3,22 millones

Las investigaciones ubican al alcalde de Vinces como presunto líder de la organización. Según los reportes oficiales citados, integrantes de su entorno familiar y societario habrían canalizado recursos a través de la compañía Constructora Aldrensa S. A., entidad que, de acuerdo con la información proporcionada, registraba alertas previas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

El rastreo financiero habría identificado transacciones por aproximadamente USD 3,22 millones. Según el ministro del Interior, John Reimberg, estos movimientos estarían relacionados con un presunto incremento patrimonial injustificado mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles entre 2019 y 2026.

Durante las intervenciones también se habría dispuesto la actuación sobre dos personas jurídicas y la retención temporal de bienes para los respectivos análisis y peritajes judiciales.

Presuntos vínculos con investigaciones por crimen organizado

Otro de los aspectos bajo investigación corresponde a las supuestas conexiones financieras entre los procesados y personas relacionadas con estructuras dedicadas al narcotráfico y al tráfico de armas.

El expediente, según la información difundida, menciona posibles nexos con personas investigadas en los casos Narcofiesta, Gran Fénix Cantabria y Metástasis, así como con grupos de delincuencia organizada identificados como Los Choneros y Los Lobos.

Estas referencias forman parte de las líneas investigativas y deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes dentro del proceso judicial.

La investigación deberá determinar responsabilidades

El operativo representa un nuevo avance dentro de las investigaciones sobre presuntos movimientos de capitales ilícitos y posibles mecanismos de ocultamiento patrimonial. Sin embargo, las hipótesis de la Fiscalía deberán sustentarse con elementos probatorios durante el proceso correspondiente.

La aprehensión del alcalde y de los demás investigados no constituye una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal de cada involucrado deberá determinarse mediante las instancias judiciales, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.

La incorporación de taxis amarillos a la plataforma Uber genera diferencias entre organizaciones del transporte en Pichincha. Mientras la alianza busca ampliar las oportunidades de viaje para los conductores, otros dirigentes cuestionan que el acuerdo no haya sido debatido con las bases y exigen reglas claras para las plataformas digitales.

MOVILIDAD. La alianza entre Uber y la Unión de Taxis de Pichincha permite solicitar taxis amarillos desde la aplicación.

La llegada de Uber Taxi a Quito abrió un nuevo debate dentro del sector del transporte comercial. La iniciativa, anunciada el 13 de octubre de 2026, permite solicitar taxis amarillos mediante la aplicación y consultar una tarifa estimada antes de iniciar el recorrido.

Sin embargo, el acuerdo que hizo posible su implementación ha generado cuestionamientos entre dirigentes del gremio, quienes reclaman mayor participación y claridad sobre las condiciones legales de funcionamiento de estas plataformas.

El servicio se implementó mediante una alianza con la Unión de Taxis de Pichincha, organización que, según Carlos Brunis, dirigente de la Federación que agrupa a varias organizaciones del transporte en la provincia, reúne alrededor de 9.000 conductores.

Brunis aclaró que el convenio no representa necesariamente la posición de todo el sector taxista. Según señaló, otras organizaciones no habrían sido convocadas para conocer la propuesta ni para pronunciarse sobre su implementación.

“Nosotros no conocemos absolutamente nada al respecto”, manifestó el dirigente, quien aseguró que sus cuestionamientos no están dirigidos contra la tecnología, sino contra las condiciones de operación de las plataformas y la falta de una regulación que, a su criterio, establezca reglas equitativas para todos los actores.

El medio La Hora informó que solicitó una entrevista a Uber, pero no recibió respuesta hasta el cierre de su publicación.

Un acuerdo que, según dirigentes, no fue socializado

Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con el alcance de la alianza y la participación de las organizaciones que integran el sector.

De acuerdo con Brunis, mientras la Unión de Taxis de Pichincha agrupa aproximadamente a 9.000 conductores, en la provincia existirían cerca de 30.000 taxistas. Bajo esa consideración, el dirigente sostiene que el convenio no puede interpretarse como una decisión consensuada por todo el gremio.

También cuestionó que el acuerdo no se haya presentado previamente a las operadoras, sus presidentes y gerentes, ni sometido a discusión en una asamblea general. Incluso afirmó que, según la información que recibió, algunos integrantes de la propia Unión desconocían cómo se concretó el convenio.

Brunis señaló, además, que la semana anterior participó en una reunión para la cual fueron invitados dirigentes del sector, pero que no se les habría informado que el encuentro serviría para tratar la incorporación de taxis a Uber. A su criterio, la propuesta debió exponerse formalmente para que las organizaciones pudieran conocer sus condiciones y expresar su posición.

La federación a la que representa reúne distintas modalidades de transporte, entre ellas taxis convencionales y ejecutivos, camionetas y transporte de carga liviana. Por ello, insiste en que el anuncio de la alianza no equivale a un respaldo general de todas las organizaciones.

La regulación de las plataformas, en el centro del debate

La controversia también pone sobre la mesa una discusión jurídica que trasciende el convenio entre Uber y una organización de taxistas: ¿bajo qué condiciones deben operar las plataformas digitales de transporte en Ecuador?

Brunis mencionó el artículo 62 A de la Ley de Tránsito y sostuvo que, según su interpretación, la normativa permite el funcionamiento de plataformas, pero excluye a los vehículos particulares de determinadas modalidades de servicio. Por ello, cuestionó la relación entre ese marco legal y las aplicaciones que conectan a usuarios con distintos tipos de vehículos.

El dirigente también hizo referencia a un pronunciamiento de la Corte Constitucional en 2024 sobre la necesidad de abordar la regulación de estas plataformas y pidió que las autoridades no prolonguen la falta de definiciones.

Sus declaraciones reflejan una de las principales preocupaciones del sector: establecer reglas claras que definan qué servicios pueden ofrecerse mediante aplicaciones, qué requisitos deben cumplir los conductores y cuáles son las responsabilidades de las empresas que operan estas herramientas digitales.

Especialista advierte diferencias en las condiciones de competencia

Para Juan Arias, especialista en movilidad citado en la información original, la incorporación de taxis a Uber era una evolución previsible ante el crecimiento de las plataformas digitales. Según su análisis, estas herramientas pueden ampliar el acceso de los conductores formales a nuevos clientes y ofrecer mayor información sobre los recorridos.

No obstante, el especialista considera que el debate de fondo está relacionado con las condiciones bajo las cuales operan los distintos servicios de transporte.

Mientras los taxis comerciales deben cumplir requisitos de registro, revisiones vehiculares y otras obligaciones, Arias advierte que persisten interrogantes sobre el marco regulatorio aplicable a las plataformas digitales y los servicios que conectan con los usuarios.

En ese contexto, planteó la necesidad de que las autoridades definan las obligaciones de estas empresas, incluidos los aspectos tributarios de alcance nacional y municipal.

El especialista también señaló que la nueva Ley de Tránsito habría dejado pendiente la regulación específica de las plataformas digitales de transporte. Por su parte, La Hora indicó que solicitó una entrevista al viceministro de Transporte, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de su publicación.

Un debate que va más allá de Uber

La incorporación de taxis amarillos a Uber vuelve a poner en discusión la relación entre innovación tecnológica, regulación y competencia en el transporte ecuatoriano.

Por un lado, las aplicaciones ofrecen a los conductores una vía adicional para captar pasajeros y a los usuarios una alternativa para solicitar servicios. Por otro, las organizaciones del sector reclaman que las condiciones de funcionamiento sean claras y que las decisiones que afectan a miles de transportistas cuenten con espacios de información y participación.

El desafío para las autoridades será definir reglas transparentes, precisar las obligaciones de cada actor y garantizar que la modernización del transporte avance dentro de un marco jurídico claro. Mientras tanto, las diferencias entre dirigentes evidencian que la incorporación de taxis a las plataformas digitales no solo representa un cambio tecnológico, sino también un debate sobre la representación gremial y las condiciones de competencia en el sector.

Un servidor del Ministerio de Educación fue detenido y otros dos son investigados por su presunta vinculación con una red que habría solicitado entre USD 1.500 y USD 5.000 a cambio de puestos de trabajo y nombramientos en instituciones educativas. La operación se ejecutó en Quito mediante tres allanamientos.

La operación Minedec incluyó tres allanamientos en Quito: dos en domicilios y uno en una dependencia del Ministerio de Educación

El vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue separado de su cargo tras un juicio político por presunto incumplimiento de funciones. La resolución también establece que no podrá ejercer funciones públicas durante los próximos dos años, según el texto proporcionado.

David Rosero, consejero de Participación Ciudadana.Gustavo Guamán

Riobamba, Guano, Guamote, Cumandá, Chambo, Alausí, Penipe y Chunchi recibirán una selección de películas internacionales del 13 al 24 de octubre. La programación busca acercar el cine y la diversidad cultural a la ciudadanía, con entrada libre.