El IESS registra 1.387 predios, pero su valor comercial no está actualizado.

El anuncio del presidente Daniel Noboa de vender $2.000 millones en activos del IESS abre una pregunta que va más allá de la voluntad política: ¿realmente existe ese dinero en forma de edificios, terrenos y lotes que puedan convertirse rápidamente en efectivo?

La respuesta corta es que el IESS sí puede vender parte de sus bienes, pero no está demostrado que pueda obtener $2.000 millones por ellos, ni que pueda hacerlo de manera inmediata.

Noboa dijo este 28 de agosto, durante una entrevista con Radio Centro Digital, que, antes de discutir una reforma de aportes y pensiones, el Seguro Social debería generar liquidez mediante la venta de activos. Según el mandatario, existen alrededor de $2.000 millones en “activos ociosos”, principalmente bienes raíces. También aseguró que ya ordenó al presidente del Consejo Directivo del IESS, Bernardo Cordovez, avanzar con las ventas.

Pero entre tener un inmueble y tener dinero disponible para su venta hay varios pasos.

1. El IESS sí tiene una gran cantidad de bienes. El catastro institucional con corte al 19 de marzo de 2026 registra 1.387 predios en las 24 provincias del país.

Casi la mitad corresponde al Seguro Social Campesino: 676 inmuebles, el 48,7% del total. Otros 389 predios, el 28,05%, están vinculados al Seguro de Pensiones. El resto corresponde principalmente a Salud ya la Dirección General del IESS.

Pero aquí aparece la primera dificultad: no todos esos bienes son “activos ociosos”. El catastro incluye desde terrenos y oficinas hasta dispensarios y hospitales.

Por tanto, vender 1.387 predios no es una opción. Algunos son necesarios para prestar servicios de salud, atender al Seguro Campesino o administrar el sistema.

La pregunta relevante es ¿Cuántos de esos bienes no son necesarios para la operación del IESS y pueden ser vendidos?

2. El propio IESS reconoce que todavía no sabe cuánto valen realmente sus activos. Este es probablemente el principal obstáculo para calcular si los $2.000 millones son alcanzables.

El catastro que maneja el IESS tiene un problema de actualización. Según un informe de la institución, los avalúos comerciales no se han actualizado de manera periódica y el registro se basa en buena medida en avalúos municipales desactualizados.

Eso significa que el valor registrado en el catastro no necesariamente representa el precio que un comprador estaría dispuesto a pagar hoy.

En términos sencillos, el IESS tiene una lista de sus propiedades, pero todavía necesita una fotografía mucho más precisa de cuánto valen en el mercado.

3. IESS busca consultoría para valorar su patrimonio inmobiliario. La valoración del catálogo inmobiliario del IESS avanza en su etapa precontractual. El proceso de consultoría, publicado en el portal del Sercop con un presupuesto referencial de $1,8 millones, prevé su adjudicación hasta este 28 de agosto de 2026, por lo que el estudio se encuentra actualmente en fase de selección y no en ejecución.

Una vez formalizado el contrato, la firma adjudicataria dispondrá de un plazo de 365 días para consolidar el diagnóstico integral de las propiedades. El trabajo de campo y documental abarcará:

Levantamiento técnico y físico: delimitación de linderos, medición de superficies y evaluación del estado de conservación.

Diagnóstico legal e institucional: verificación de títulos de propiedad, emisión de certificados de límites y análisis de uso de suelo según la normativa urbana vigente.

4. No todos los predios del IESS pueden venderse. La segunda gran barrera es jurídica y operativa.

El IESS tiene un reglamento específico para la enajenación de bienes inmuebles de uso no institucional. En julio de 2026, el Consejo Directivo aprobó la resolución CD 712, que reformó ese reglamento. La reforma, publicada en el Registro Oficial en agosto de 2026, amplió de uno a dos años la vigencia de los avalúos comerciales para los procesos de subasta pública.

Esto es importante porque demuestra dos cosas. Primero, la venta de activos inmobiliarios del IESS sí está contemplada legalmente.

Segundo, no basta con que el Presidente diga “vendan los terrenos”. Los bienes deben cumplir condiciones para entrar en un proceso de enajenación y subasta.

En particular, los bienes de uso institucional no pueden tratarse igual que aquellos que el IESS considera no institucionales.

Por eso, el proceso debería comenzar con una clasificación:

Bien necesario para operar → conservar.

Bien no necesario y jurídicamente habilitado → valorar.

Bien valorado y sin impedimentos → poner en venta.

5. Incluso un bien “improductivo” del IESS no se vende de un día para otro. Hay otra diferencia importante.

Un activo puede ser improductivo porque no genera ingresos suficientes, pero eso no significa que exista un comprador dispuesto a pagar inmediatamente su valor.

Transformar un activo inmobiliario en liquidez real exige transitar por una cadena de pasos interconectados que inicia con la identificación técnica y el saneamiento jurídico de la propiedad, para luego fijar su valor de mercado mediante un avalúo comercial actualizado. Con base en esta cifra, se define el precio de salida y se aprueba formalmente la venta, lo que habilita la convocatoria a una subasta pública donde finalmente debe encontrarse con un comprador dispuesto a adjudicarse el bien y concretar el pago.

Cada etapa toma tiempo. Además, si un inmueble tiene problemas de titularidad, gravámenes, invasiones, diferencias entre el catastro y el Registro de la Propiedad o problemas de uso de suelo, su venta puede complicarse o incluso retrasarse.

El informe del IESS identifica, por ejemplo, problemas de información, titularidad, claves catastrales y actualización de los bienes. Incluso existen 31 inmuebles que comparten una misma clave catastral, debido en parte a que son utilizados conjuntamente por distintos seguros.

La jueza Ivonne Coloma determinó la inadmisión de la denuncia presentada contra el alcalde de Quito, relacionada con una resolución aprobada por el Concejo Metropolitano.

Quito. La jueza de instancia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma, inadmitió la denuncia presentada contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por una presunta infracción electoral contemplada en el artículo 279, numeral 7, del Código de la Democracia.

La denuncia fue presentada el 21 de agosto de 2026 por Jennifer Alicia Celorio Suárez, quien señaló al alcalde por una supuesta interferencia en la Función Electoral, a partir de su participación en una resolución aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito.

La causa llegó al despacho de la jueza luego del sorteo correspondiente. Antes de resolver sobre su admisibilidad, Coloma había solicitado a la denunciante que completara y aclarara varios elementos de su escrito.
¿Cuál fue el origen de la denuncia contra Pabel Muñoz?

El caso se relaciona con una resolución aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito el 21 de julio de 2026. Durante esa sesión, Muñoz participó en la votación, respaldó el documento y posteriormente lo suscribió.

El pronunciamiento expresó un rechazo político e institucional frente a determinadas decisiones de los organismos electorales que, según el Concejo, podían restringir la participación de organizaciones y opciones políticas.

Además, el documento exhortó a las autoridades electorales a garantizar la democracia y respetar la participación política.

El Concejo también incluyó un llamado al Tribunal Contencioso Electoral para que garantizara la participación política y evitara decisiones que pudieran ser consideradas mecanismos de persecución o proscripción política.

La resolución debía ser remitida al TCE, al Consejo Nacional Electoral (CNE), organismos internacionales y misiones de observación electoral.
La acusación apuntaba a una presunta interferencia electoral

La denunciante sostuvo que la actuación del alcalde y del Concejo Metropolitano habría superado los límites de un pronunciamiento político y podría constituir una interferencia en las competencias de la Función Electoral.

El artículo 279, numeral 7, del Código de la Democracia contempla sanciones para las autoridades o funcionarios ajenos a la Función Electoral que interfieran en su funcionamiento.

Celorio solicitó que se sancionara a Muñoz por la presunta infracción y planteó una multa de 50 salarios básicos unificados, además de la suspensión de sus derechos de participación durante cuatro años.
¿Qué estaba en juego para el alcalde de Quito?

La denuncia tenía una particular relevancia política debido a la sanción solicitada contra Muñoz.

De acuerdo con el planteamiento de la denunciante, la suspensión de los derechos de participación política durante cuatro años habría afectado directamente las posibilidades del alcalde de participar en futuros procesos electorales, al impedirle ejercer sus derechos políticos durante ese período.

Sin embargo, con la decisión de la jueza Ivonne Coloma de inadmitir la denuncia, el proceso no avanzó en los términos planteados por la denunciante.

La decisión del TCE representa un nuevo episodio dentro de la disputa generada alrededor de los pronunciamientos del Concejo Metropolitano de Quito y su posición frente a las actuaciones de los organismos electorales.

Pabel Muñoz, por ahora, queda fuera de este proceso por la presunta infracción electoral denunciada ante el Tribunal Contencioso Electoral.

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