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3/30/2026

El toque de queda en Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro y Los Ríos finalizó a las 05:00 del 30 de marzo de 2026


El toque de queda en Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro y Los Ríos finalizó a las 05:00 del 30 de marzo de 2026, luego de 15 días de vigencia. La medida fue parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar a estructuras criminales en el país.


El toque de queda decretado por el presidente Daniel Noboa dejó de regir tras dos semanas en las que la movilidad estuvo limitada como parte de una ofensiva estatal. A las 05:00 de este lunes 30 de marzo de 2026, las restricciones de movilidad se levantaron en cuatro provincias del país marcadas por la violencia: Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro y Los Ríos.

Una medida que llega a su fin

El Gobierno implementó la restricción desde el 15 de marzo.

La decisión se enmarcó en la política de seguridad que desde 2024 define al país bajo un escenario de conflicto armado interno, con el objetivo de debilitar a las organizaciones criminales.

El Ejecutivo sostiene que estas acciones buscan afectar tanto la operatividad como las economías ilegales.

Resultados aún pendientes

El balance oficial todavía no se presenta. El Ministerio del Interior, John Reimberg, anunció que en las próximas horas dará a conocer los resultados de la medida aplicada en estas provincias. Sin embargo, según información de la Policía Nacional, hasta la penúltima jornada se registró la detención de 1.283 personas.

Días antes de su finalización, Reimberg confirmó que el toque de queda no se extendería más allá del 30 de marzo, cumpliendo así con lo dispuesto por el Ejecutivo.

El análisis se centrará en impactos en seguridad, operativos y control territorial.
El contexto

Ecuador cerró el 2025 con más de 9.200 muertes violentas, según datos del Ministerio del Interior, lo que marcó un récord histórico. La medida se aplicó como parte de una estrategia para contener este escenario.

2/28/2026

Allanamiento a sede de la Revolución Ciudadana desata choque político y reabre debate sobre uso de la justicia



La decisión de la Fiscalía de allanar la sede principal de la Revolución Ciudadana en Quito, en el marco del denominado Caso Caja Chica, ha escalado rápidamente del plano judicial al terreno político.

La diligencia, ejecutada la mañana del 28 de febrero de 2026, se enmarca en una investigación por presunta delincuencia organizada con finos de lavado de activos. 

Durante el operativo, la Policía revisó documentación y retuvo carpetas como parte de las evidencias, según informó la propia Fiscalía.

Sin embargo, más allá del procedimiento legal, el hecho detonó un fuerte pronunciamiento del correísmo.

La presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, calificó la acción como persecución política y cuestionó que —a su criterio— existen otros casos que deben ser priorizados por el Ministerio Público.

En la misma línea, la asambleísta Viviana Veloz acusó al presidente Daniel Noboa de utilizar el aparato estatal para intimidar a la oposición. Incluso interpeló públicamente al fiscal general Alarcón por supuestas omisiones en otros procesos. 

También la legisladora Mónica Palacios difundió videos del ingreso policial, mientras que Raúl Chávez, del movimiento Reto, habló de un debilitamiento de la democracia.

El trasfondo político es inevitable.

El comunicado de la Revolución Ciudadana apunta directamente al calendario electoral, insinuando que las acciones judiciales coinciden estratégicamente con un momento clave para la reorganización de fuerzas políticas.

El punto crítico del debate no es únicamente si existen o no indicios suficientes en el Caso Caja Chica —algo que deberá determinar la investigación—, sino si el sistema judicial logra sostener la credibilidad en un país donde la frontera entre justicia y política ha sido históricamente frágil.

En un escenario polarizado, cada allanamiento se convierte en un mensaje político. Para unos, es una señal de que nadie está por encima de la ley. Para otros, es la confirmación de una justicia selectiva.

La pregunta de fondo es inevitable: ¿Estamos ante un avance en la lucha contra la corrupción o frente a un nuevo capítulo de confrontación institucional en Ecuador?

El desarrollo del proceso marcará no solo el destino del caso, sino también la percepción ciudadana sobre la falta de independencia de la justicia y la persecución política en un año políticamente sensato.

Caso Caja Chica: Fiscalía ejecuta diligencia en sede de la Revolución Ciudadana

La Fiscalía y la Policía ejecutaron un allanamiento en la sede de Revolución Ciudadana en Quito para recabar indicios dentro de la investigación del Caso Caja Chica, por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos.

‎La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron este sábado un allanamiento en la sede del movimiento Revolución Ciudadana (RC), en Quito, como parte de la investigación conocida como Caso Caja Chica, abierta por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. La diligencia se realizó en horas de la mañana y tuvo como propósito recabar indicios dentro de la sede política.

‎Fiscalía apuntó que "entre los indicios recabados durante el allanamiento se incluyen documentos que guardarían relación con los hechos que se investigan".

‎El Caso Caja Chica se hizo público a fines de enero, cuando Fiscalía y Policía realizaron allanamientos en inmuebles vinculados a figuras del correísmo, dentro de una investigación que indaga un supuesto esquema de financiamiento irregular asociado a la campaña de 2023, bajo la figura de delincuencia organizada y lavado de activos.

2/27/2026

TRATO INHUMANO Y NEGLIGENTE A UN PACIENTE" ES LO QUE DETERMINÓ LA JUSTICIA CONTRA EL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN


Un fallo judicial determinó que Marcelo Ulloa recibió un trato inhumano y negligente en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín (HCAM) de Quito, unidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a la que acudió en marzo de 2024 tras detectarse un tumor en el brazo.

Ulloa, de 56 años, falleció en septiembre de 2025. Cinco meses después, la justicia concluyó que la casa de salud incurrió en una atención displicente e indolente, por lo que dispuso la emisión de disculpas públicas y el reconocimiento de que los pacientes son más que una historia clínica.

CASO

A inicios de 2024, Marcelo notó un bulto en el brazo que crecía rápidamente. Durante meses intentó obtener una cita con un especialista del IESS.

En marzo de ese año fue derivado en el HCAM a un dermatólogo pediatra, quien solicitó una biopsia.

Un mes después, cuando el tumor había aumentado de tamaño, se confirmó el diagnóstico: carcinoma de células de Merkel (CCM).

RIFAS Y SORTEOS PARA COSTEAR EL TRATAMIENTO

Con apoyo de amigos, la familia logró que una clínica especializada en carcinoma de Merkel en Estados Unidos revisara el caso. Tras nuevos estudios, se recomendó radioterapia en lugar de quimioterapia, debido al riesgo de debilitamiento del sistema inmunológico.

Según Ismael Ulloa hermano del fallecido, la oncóloga del HCAM desestimó esa recomendación y dispuso quimioterapia. “Eso desató el cáncer y aumentó su agresividad”, sostuvo.

En marzo de 2025, finalmente se le amputó el brazo, luego de que —según su hermano— suplicara por acceso a inmunoterapia y a un medicamento específico.

Ante lo que califican como negligencia, Marcelo accedió en el sector privado a cuatro sesiones de inmunoterapia, cada 21 días, con un costo de USD 9.000 por cada una, financiadas mediante ayudas solidarias

PEDIDOS DE AYUDA

Sin recursos para continuar, Marcelo envió una carta a la Presidencia de la República del Ecuador. En julio de 2025, la oncóloga aceptó iniciar inmunoterapia con el medicamento inicialmente sugerido.

Mientras aguardaba, su estado de salud se agravó: desarrolló trombosis pulmonar e insuficiencia cardíaca. Según la familia, el hospital no le proporcionó oxígeno domiciliario, argumentando falta de concentradores y tanques.

Marcelo Ulloa falleció en septiembre de 2025.

Fuente (Radio Pichincha)

2/24/2026

Inundaciones y deslizamientos han sido los eventos más recurrentes durante la actual temporada invernal en el país.

La Secretaría de Riesgos informó que las intensas precipitaciones registradas desde enero han provocado inundaciones, deslizamientos y daños en viviendas y vías en 23 provincias del país


La Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR) indica que las precipitaciones han generado 914 eventos adversos en 23 provincias, afectando a 163 cantones y 442 parroquias. Entre los fenómenos más frecuentes se encuentran los divididos de tierra (39 %), inundaciones (35 %) y lluvias intensas (11 %), seguidos por hundimientos, erosión hídrica y aluviones.

El informe detalla 9.207 personas afectadas y 1.136 damnificadas, lo que suma 10.278 personas impactadas. Las provincias con mayor número de afectados son Esmeraldas, Guayas, El Oro, Chimborazo, Los Ríos y Manabí, donde las lluvias han causado daños tanto en zonas urbanas como rurales.

La infraestructura también ha sufrido consecuencias significativas. Se reportan 2.597 viviendas afectadas, de las cuales 35 fueron destruidas, además de 14,56 kilómetros de vías dañadas, 5 puentes afectados y 9 puentes colapsados, lo que complica la movilidad y el acceso a comunidades aisladas.

Ante esta situación, las autoridades han activado el COE cantonales, provinciales y el COE Nacional, así como alojamientos temporales en varios territorios. Según la SNGR, se han entregado 6.705 bienes de asistencia humanitaria, incluyendo kits de alimentos, higiene, limpieza y sueño, para atender a las familias afectadas.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las lluvias continuarán con intensidad moderada a fuerte, especialmente en la región Litoral, por lo que se mantiene la vigilancia sobre ríos, zonas propensas a inundaciones y deslizamientos, y se recomienda a la ciudadanía seguir la información oficial y tomar precauciones.

Fuente: Diario El Telégrafo