Una denuncia presentada ante la Fiscalía señala a la legisladora ya personas de su entorno de trabajo por un presunto caso relacionado con la oferta y venta de cargos públicos. Los hechos deberán ser investigados por las autoridades competentes.

Una denuncia ciudadana presentada ante la Fiscalía General del Estado pone bajo cuestionamiento a la asambleísta Patricia Núñez, a quien se la vincula, de manera presunta, con un esquema de oferta o venta de cargos públicos que habría involucrado también a personas de su entorno laboral.

Según la denuncia, una mujer de la provincia de Chimborazo habría sido presuntamente estafada y decidió acudir a la justicia para solicitar que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades.

Durante la presentación pública de la denuncia se cuestionó, además, la actuación de la legisladora frente al caso y se señaló que no se habrían otorgado las garantías necesarias para proteger a la presunta afectada ni para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

El denunciante anunció que, además del trámite iniciado ante la Fiscalía, se impulsarán las acciones correspondientes dentro de la Asamblea Nacional, con el objetivo de que el caso sea conocido por las instancias competentes y se determine si existen elementos que ameriten un proceso disciplinario.

La intención, según explicó, es que la documentación y las pruebas que sustentarían la denuncia sean presentadas ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional, instancia que deberá analizar los hechos dentro del ámbito de sus competencias.
Piden investigación y esclarecimiento

El caso genera especial atención debido a que la denuncia involucra a una legisladora en funciones y plantea acusaciones relacionadas con el presunto uso indebido de espacios de poder para la obtención de cargos públicos.

Quienes impulsan la denuncia sostienen que las pruebas y los testimonios de las personas que aseguran haber sido afectadas serán presentados ante las autoridades correspondientes para que sean valorados dentro de un debido proceso.

Hasta que concluyan las investigaciones, las acusaciones deberán ser consideradas como presuntas y no como hechos judicialmente comprobados. Corresponderá a la Fiscalía determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales, mientras que las instancias de la Asamblea Nacional deberán actuar dentro del ámbito de sus competencias.

El caso abre nuevamente el debate sobre los controles internos de la Función Legislativa y la necesidad de garantizar transparencia en el ejercicio de los cargos de elección popular.

La denuncia busca que se esclarezcan los hechos, se establezcan eventuales responsabilidades y, de existir afectaciones comprobadas, se determinen las medidas de reparación que correspondan conforme a la ley.

La coalición, integrada por Pueblo, Igualdad y Democracia y Amauta Yuyay, asegura que buscará recuperar la gestión municipal con un plan basado en las necesidades de barrios y comunidades.

Durante su pronunciamiento, la organización cuestionó la situación actual de Riobamba y sostuvo que los principales problemas de la ciudad no estarían relacionados únicamente con la falta de recursos, sino con la capacidad de gestión de sus administradores.

“Riobamba no está paralizada por falta de dinero, está paralizada por falta de coraje, capacidad y gestión”, señalaron los representantes de la alianza, al referirse a lo que consideran una acumulación de problemas que la ciudad arrastra desde hace varios años.

La coalición cuestionó, además, el estado de las calles, la presencia de basura, obras que permanecen pendientes y la falta de oportunidades laborales para los jóvenes. También criticó lo que calificó como una falta de ejecución de recursos públicos.

Una alianza entre el campo y la ciudad

Uno de los ejes planteados por la organización es la articulación entre los sectores urbano y rural. Sus representantes definieron esta unión como un encuentro entre las parroquias rurales, las comunidades y el sector urbano, al que consideran fundamental para dinamizar la economía y fortalecer el desarrollo del cantón.

La alianza aseguró que su propuesta no busca limitarse a una lista de candidatos, sino presentar un equipo de trabajo con un plan construido a partir de las necesidades identificadas en barrios y comunidades.

Según sus promotores, el objetivo es que las decisiones municipales respondan a las problemáticas reales de la ciudadanía y no únicamente a planteamientos elaborados desde los escritorios.

Servicios básicos y cercanía con la ciudadanía

Entre sus planteamientos, Pueblo Avanza propone fortalecer la atención de los servicios básicos y transformar la relación entre el Municipio y los ciudadanos.

La organización sostiene que las puertas de la administración municipal deben permanecer abiertas y que el gobierno local debe convertirse en un espacio cercano a las familias del cantón.

Asimismo, planteó recuperar el sentido de lo público como un mecanismo de servicio a la ciudadanía y generar acciones orientadas a atender las necesidades sociales de las familias riobambeñas.

“No venimos a prometer milagros”

Durante la presentación, los integrantes de la alianza aseguraron que su propuesta no estará basada en promesas extraordinarias, sino en tres conceptos que consideran fundamentales para la administración municipal: orden, trabajo y resultados.

“No venimos a prometer milagros; venimos a poner orden, trabajo y resultados”, afirmaron.

La coalición también hizo un llamado a sus integrantes y simpatizantes a asumir un compromiso con el territorio y con las necesidades de la población, señalando que el objetivo de la propuesta política es poner la administración pública al servicio de los ciudadanos.

Con este pronunciamiento, Alianza Pueblo Avanza marca su posición frente a la situación política de Riobamba y plantea una propuesta que busca combinar la representación urbana y rural, con énfasis en la gestión municipal, los servicios públicos y la atención directa a la ciudadanía.

43.000 usuarios dependen del sistema de agua potable, Intervención en quebradas busca reducir riesgo de inundaciones. Identifican sectores con mayor vulnerabilidad. Cinco casas de acogida y 60 espacios públicos habilitados. Coordinación territorial con la ciudadanía

El Municipio de Riobamba asegura estar preparado para responder ante posibles emergencias y mantiene activo el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), tras la declaratoria de alerta roja emitida por el Gobierno Nacional.

Las autoridades municipales de Riobamba informaron que la ciudad cuenta con planes de contingencia y herramientas de gestión territorial desarrolladas durante los últimos años para responder ante eventuales emergencias.

Tras la declaratoria de alerta roja, el COE fue convocado y permanece en sesión permanente, con el objetivo de coordinar acciones de prevención, respuesta y atención, tanto para Riobamba como para otros cantones de la provincia que pudieran requerir apoyo.

Uno de los puntos considerados prioritarios es el abastecimiento de agua potable. Según la información proporcionada por las autoridades, aproximadamente 43.000 usuarios reciben el servicio a través de dos sistemas de abastecimiento: la Cordillera Occidental, vinculada a las fuentes del Chimborazo, y la Cordillera Oriental, que incluye el sistema del río Maguazo, actualmente operativo.

Como parte de las acciones preventivas, el Municipio dispone de tres camiones tipo Vactor, maquinaria que ha permitido intervenir alrededor de 10.000 sumideros y cerca de 6.000 pozos sépticos, trabajos orientados a facilitar la evacuación de aguas mediante el sistema de alcantarillado ante posibles lluvias intensas.

Otro de los frentes de prevención corresponde a la limpieza y mantenimiento de quebradas. Las autoridades señalan que se han intervenido nueve quebradas, con aproximadamente 22,5 kilómetros de trabajos de limpieza.

Estas acciones, según el Municipio, han contribuido a reducir la incidencia de inundaciones en determinados sectores durante eventos similares registrados en años anteriores.

Entre los puntos mencionados se encuentra el sector de Canónigo Ramos, donde, de acuerdo con la autoridad municipal, no se han registrado inundaciones importantes en los últimos tres años.

Sin embargo, las autoridades advierten que persiste un problema: la obstrucción de quebradas por parte de algunos moradores. Ante esta situación, se informó que existe un presupuesto previsto para contratar maquinaria que permita realizar nuevas intervenciones en caso de ser necesario.

El Municipio también cuenta con un Atlas de Riesgos, herramienta mediante la cual se han identificado los sectores considerados más vulnerables dentro de las diferentes parroquias.

De acuerdo con la información entregada, las zonas que presentan mayor nivel de vulnerabilidad se concentran principalmente en las parroquias ubicadas en la Cordillera Oriental y en sectores como Calpi y Cunduana.

La identificación de estos puntos busca facilitar una respuesta más rápida ante posibles deslizamientos, inundaciones u otros eventos adversos.

Dentro de las medidas de preparación, las autoridades informaron que existen cinco casas de acogida calificadas, cuyos datos y condiciones para recibir a posibles beneficiarios ya se encuentran establecidos.

Asimismo, aproximadamente 60 espacios públicos, entre parques y plazas, han sido iluminados, con el propósito de que puedan convertirse en puntos de encuentro de la población en caso de una emergencia.

La estrategia municipal también contempla la participación directa de la ciudadanía mediante 18 plataformas de planificación y gestión territorial.

Cada plataforma agrupa aproximadamente entre 10 y 15 barrios, permitiendo establecer mecanismos de comunicación y coordinación con los habitantes de cada sector.

A través de estas estructuras se busca informar a la población sobre puntos de encuentro, zonas de atención y mecanismos de gestión frente a diferentes tipos de emergencias.

Las autoridades municipales señalaron además que están dispuestas a proporcionar al COE Provincial la información técnica disponible, con el objetivo de fortalecer la coordinación y contar con un diagnóstico detallado de los sectores que podrían enfrentar mayores riesgos.

La preparación, la coordinación institucional y la participación ciudadana serán determinantes para reducir el impacto de posibles emergencias y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier evento adverso.