La coalición, integrada por Pueblo, Igualdad y Democracia y Amauta Yuyay, asegura que buscará recuperar la gestión municipal con un plan basado en las necesidades de barrios y comunidades.

Durante su pronunciamiento, la organización cuestionó la situación actual de Riobamba y sostuvo que los principales problemas de la ciudad no estarían relacionados únicamente con la falta de recursos, sino con la capacidad de gestión de sus administradores.

“Riobamba no está paralizada por falta de dinero, está paralizada por falta de coraje, capacidad y gestión”, señalaron los representantes de la alianza, al referirse a lo que consideran una acumulación de problemas que la ciudad arrastra desde hace varios años.

La coalición cuestionó, además, el estado de las calles, la presencia de basura, obras que permanecen pendientes y la falta de oportunidades laborales para los jóvenes. También criticó lo que calificó como una falta de ejecución de recursos públicos.

Una alianza entre el campo y la ciudad

Uno de los ejes planteados por la organización es la articulación entre los sectores urbano y rural. Sus representantes definieron esta unión como un encuentro entre las parroquias rurales, las comunidades y el sector urbano, al que consideran fundamental para dinamizar la economía y fortalecer el desarrollo del cantón.

La alianza aseguró que su propuesta no busca limitarse a una lista de candidatos, sino presentar un equipo de trabajo con un plan construido a partir de las necesidades identificadas en barrios y comunidades.

Según sus promotores, el objetivo es que las decisiones municipales respondan a las problemáticas reales de la ciudadanía y no únicamente a planteamientos elaborados desde los escritorios.

Servicios básicos y cercanía con la ciudadanía

Entre sus planteamientos, Pueblo Avanza propone fortalecer la atención de los servicios básicos y transformar la relación entre el Municipio y los ciudadanos.

La organización sostiene que las puertas de la administración municipal deben permanecer abiertas y que el gobierno local debe convertirse en un espacio cercano a las familias del cantón.

Asimismo, planteó recuperar el sentido de lo público como un mecanismo de servicio a la ciudadanía y generar acciones orientadas a atender las necesidades sociales de las familias riobambeñas.

“No venimos a prometer milagros”

Durante la presentación, los integrantes de la alianza aseguraron que su propuesta no estará basada en promesas extraordinarias, sino en tres conceptos que consideran fundamentales para la administración municipal: orden, trabajo y resultados.

“No venimos a prometer milagros; venimos a poner orden, trabajo y resultados”, afirmaron.

La coalición también hizo un llamado a sus integrantes y simpatizantes a asumir un compromiso con el territorio y con las necesidades de la población, señalando que el objetivo de la propuesta política es poner la administración pública al servicio de los ciudadanos.

Con este pronunciamiento, Alianza Pueblo Avanza marca su posición frente a la situación política de Riobamba y plantea una propuesta que busca combinar la representación urbana y rural, con énfasis en la gestión municipal, los servicios públicos y la atención directa a la ciudadanía.

43.000 usuarios dependen del sistema de agua potable, Intervención en quebradas busca reducir riesgo de inundaciones. Identifican sectores con mayor vulnerabilidad. Cinco casas de acogida y 60 espacios públicos habilitados. Coordinación territorial con la ciudadanía

El Municipio de Riobamba asegura estar preparado para responder ante posibles emergencias y mantiene activo el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), tras la declaratoria de alerta roja emitida por el Gobierno Nacional.

Las autoridades municipales de Riobamba informaron que la ciudad cuenta con planes de contingencia y herramientas de gestión territorial desarrolladas durante los últimos años para responder ante eventuales emergencias.

Tras la declaratoria de alerta roja, el COE fue convocado y permanece en sesión permanente, con el objetivo de coordinar acciones de prevención, respuesta y atención, tanto para Riobamba como para otros cantones de la provincia que pudieran requerir apoyo.

Uno de los puntos considerados prioritarios es el abastecimiento de agua potable. Según la información proporcionada por las autoridades, aproximadamente 43.000 usuarios reciben el servicio a través de dos sistemas de abastecimiento: la Cordillera Occidental, vinculada a las fuentes del Chimborazo, y la Cordillera Oriental, que incluye el sistema del río Maguazo, actualmente operativo.

Como parte de las acciones preventivas, el Municipio dispone de tres camiones tipo Vactor, maquinaria que ha permitido intervenir alrededor de 10.000 sumideros y cerca de 6.000 pozos sépticos, trabajos orientados a facilitar la evacuación de aguas mediante el sistema de alcantarillado ante posibles lluvias intensas.

Otro de los frentes de prevención corresponde a la limpieza y mantenimiento de quebradas. Las autoridades señalan que se han intervenido nueve quebradas, con aproximadamente 22,5 kilómetros de trabajos de limpieza.

Estas acciones, según el Municipio, han contribuido a reducir la incidencia de inundaciones en determinados sectores durante eventos similares registrados en años anteriores.

Entre los puntos mencionados se encuentra el sector de Canónigo Ramos, donde, de acuerdo con la autoridad municipal, no se han registrado inundaciones importantes en los últimos tres años.

Sin embargo, las autoridades advierten que persiste un problema: la obstrucción de quebradas por parte de algunos moradores. Ante esta situación, se informó que existe un presupuesto previsto para contratar maquinaria que permita realizar nuevas intervenciones en caso de ser necesario.

El Municipio también cuenta con un Atlas de Riesgos, herramienta mediante la cual se han identificado los sectores considerados más vulnerables dentro de las diferentes parroquias.

De acuerdo con la información entregada, las zonas que presentan mayor nivel de vulnerabilidad se concentran principalmente en las parroquias ubicadas en la Cordillera Oriental y en sectores como Calpi y Cunduana.

La identificación de estos puntos busca facilitar una respuesta más rápida ante posibles deslizamientos, inundaciones u otros eventos adversos.

Dentro de las medidas de preparación, las autoridades informaron que existen cinco casas de acogida calificadas, cuyos datos y condiciones para recibir a posibles beneficiarios ya se encuentran establecidos.

Asimismo, aproximadamente 60 espacios públicos, entre parques y plazas, han sido iluminados, con el propósito de que puedan convertirse en puntos de encuentro de la población en caso de una emergencia.

La estrategia municipal también contempla la participación directa de la ciudadanía mediante 18 plataformas de planificación y gestión territorial.

Cada plataforma agrupa aproximadamente entre 10 y 15 barrios, permitiendo establecer mecanismos de comunicación y coordinación con los habitantes de cada sector.

A través de estas estructuras se busca informar a la población sobre puntos de encuentro, zonas de atención y mecanismos de gestión frente a diferentes tipos de emergencias.

Las autoridades municipales señalaron además que están dispuestas a proporcionar al COE Provincial la información técnica disponible, con el objetivo de fortalecer la coordinación y contar con un diagnóstico detallado de los sectores que podrían enfrentar mayores riesgos.

La preparación, la coordinación institucional y la participación ciudadana serán determinantes para reducir el impacto de posibles emergencias y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier evento adverso.

El IESS registra 1.387 predios, pero su valor comercial no está actualizado.

El anuncio del presidente Daniel Noboa de vender $2.000 millones en activos del IESS abre una pregunta que va más allá de la voluntad política: ¿realmente existe ese dinero en forma de edificios, terrenos y lotes que puedan convertirse rápidamente en efectivo?

La respuesta corta es que el IESS sí puede vender parte de sus bienes, pero no está demostrado que pueda obtener $2.000 millones por ellos, ni que pueda hacerlo de manera inmediata.

Noboa dijo este 28 de agosto, durante una entrevista con Radio Centro Digital, que, antes de discutir una reforma de aportes y pensiones, el Seguro Social debería generar liquidez mediante la venta de activos. Según el mandatario, existen alrededor de $2.000 millones en “activos ociosos”, principalmente bienes raíces. También aseguró que ya ordenó al presidente del Consejo Directivo del IESS, Bernardo Cordovez, avanzar con las ventas.

Pero entre tener un inmueble y tener dinero disponible para su venta hay varios pasos.

1. El IESS sí tiene una gran cantidad de bienes. El catastro institucional con corte al 19 de marzo de 2026 registra 1.387 predios en las 24 provincias del país.

Casi la mitad corresponde al Seguro Social Campesino: 676 inmuebles, el 48,7% del total. Otros 389 predios, el 28,05%, están vinculados al Seguro de Pensiones. El resto corresponde principalmente a Salud ya la Dirección General del IESS.

Pero aquí aparece la primera dificultad: no todos esos bienes son “activos ociosos”. El catastro incluye desde terrenos y oficinas hasta dispensarios y hospitales.

Por tanto, vender 1.387 predios no es una opción. Algunos son necesarios para prestar servicios de salud, atender al Seguro Campesino o administrar el sistema.

La pregunta relevante es ¿Cuántos de esos bienes no son necesarios para la operación del IESS y pueden ser vendidos?

2. El propio IESS reconoce que todavía no sabe cuánto valen realmente sus activos. Este es probablemente el principal obstáculo para calcular si los $2.000 millones son alcanzables.

El catastro que maneja el IESS tiene un problema de actualización. Según un informe de la institución, los avalúos comerciales no se han actualizado de manera periódica y el registro se basa en buena medida en avalúos municipales desactualizados.

Eso significa que el valor registrado en el catastro no necesariamente representa el precio que un comprador estaría dispuesto a pagar hoy.

En términos sencillos, el IESS tiene una lista de sus propiedades, pero todavía necesita una fotografía mucho más precisa de cuánto valen en el mercado.

3. IESS busca consultoría para valorar su patrimonio inmobiliario. La valoración del catálogo inmobiliario del IESS avanza en su etapa precontractual. El proceso de consultoría, publicado en el portal del Sercop con un presupuesto referencial de $1,8 millones, prevé su adjudicación hasta este 28 de agosto de 2026, por lo que el estudio se encuentra actualmente en fase de selección y no en ejecución.

Una vez formalizado el contrato, la firma adjudicataria dispondrá de un plazo de 365 días para consolidar el diagnóstico integral de las propiedades. El trabajo de campo y documental abarcará:

Levantamiento técnico y físico: delimitación de linderos, medición de superficies y evaluación del estado de conservación.

Diagnóstico legal e institucional: verificación de títulos de propiedad, emisión de certificados de límites y análisis de uso de suelo según la normativa urbana vigente.

4. No todos los predios del IESS pueden venderse. La segunda gran barrera es jurídica y operativa.

El IESS tiene un reglamento específico para la enajenación de bienes inmuebles de uso no institucional. En julio de 2026, el Consejo Directivo aprobó la resolución CD 712, que reformó ese reglamento. La reforma, publicada en el Registro Oficial en agosto de 2026, amplió de uno a dos años la vigencia de los avalúos comerciales para los procesos de subasta pública.

Esto es importante porque demuestra dos cosas. Primero, la venta de activos inmobiliarios del IESS sí está contemplada legalmente.

Segundo, no basta con que el Presidente diga “vendan los terrenos”. Los bienes deben cumplir condiciones para entrar en un proceso de enajenación y subasta.

En particular, los bienes de uso institucional no pueden tratarse igual que aquellos que el IESS considera no institucionales.

Por eso, el proceso debería comenzar con una clasificación:

Bien necesario para operar → conservar.

Bien no necesario y jurídicamente habilitado → valorar.

Bien valorado y sin impedimentos → poner en venta.

5. Incluso un bien “improductivo” del IESS no se vende de un día para otro. Hay otra diferencia importante.

Un activo puede ser improductivo porque no genera ingresos suficientes, pero eso no significa que exista un comprador dispuesto a pagar inmediatamente su valor.

Transformar un activo inmobiliario en liquidez real exige transitar por una cadena de pasos interconectados que inicia con la identificación técnica y el saneamiento jurídico de la propiedad, para luego fijar su valor de mercado mediante un avalúo comercial actualizado. Con base en esta cifra, se define el precio de salida y se aprueba formalmente la venta, lo que habilita la convocatoria a una subasta pública donde finalmente debe encontrarse con un comprador dispuesto a adjudicarse el bien y concretar el pago.

Cada etapa toma tiempo. Además, si un inmueble tiene problemas de titularidad, gravámenes, invasiones, diferencias entre el catastro y el Registro de la Propiedad o problemas de uso de suelo, su venta puede complicarse o incluso retrasarse.

El informe del IESS identifica, por ejemplo, problemas de información, titularidad, claves catastrales y actualización de los bienes. Incluso existen 31 inmuebles que comparten una misma clave catastral, debido en parte a que son utilizados conjuntamente por distintos seguros.

La jueza Ivonne Coloma determinó la inadmisión de la denuncia presentada contra el alcalde de Quito, relacionada con una resolución aprobada por el Concejo Metropolitano.

Quito. La jueza de instancia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma, inadmitió la denuncia presentada contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por una presunta infracción electoral contemplada en el artículo 279, numeral 7, del Código de la Democracia.

La denuncia fue presentada el 21 de agosto de 2026 por Jennifer Alicia Celorio Suárez, quien señaló al alcalde por una supuesta interferencia en la Función Electoral, a partir de su participación en una resolución aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito.

La causa llegó al despacho de la jueza luego del sorteo correspondiente. Antes de resolver sobre su admisibilidad, Coloma había solicitado a la denunciante que completara y aclarara varios elementos de su escrito.
¿Cuál fue el origen de la denuncia contra Pabel Muñoz?

El caso se relaciona con una resolución aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito el 21 de julio de 2026. Durante esa sesión, Muñoz participó en la votación, respaldó el documento y posteriormente lo suscribió.

El pronunciamiento expresó un rechazo político e institucional frente a determinadas decisiones de los organismos electorales que, según el Concejo, podían restringir la participación de organizaciones y opciones políticas.

Además, el documento exhortó a las autoridades electorales a garantizar la democracia y respetar la participación política.

El Concejo también incluyó un llamado al Tribunal Contencioso Electoral para que garantizara la participación política y evitara decisiones que pudieran ser consideradas mecanismos de persecución o proscripción política.

La resolución debía ser remitida al TCE, al Consejo Nacional Electoral (CNE), organismos internacionales y misiones de observación electoral.
La acusación apuntaba a una presunta interferencia electoral

La denunciante sostuvo que la actuación del alcalde y del Concejo Metropolitano habría superado los límites de un pronunciamiento político y podría constituir una interferencia en las competencias de la Función Electoral.

El artículo 279, numeral 7, del Código de la Democracia contempla sanciones para las autoridades o funcionarios ajenos a la Función Electoral que interfieran en su funcionamiento.

Celorio solicitó que se sancionara a Muñoz por la presunta infracción y planteó una multa de 50 salarios básicos unificados, además de la suspensión de sus derechos de participación durante cuatro años.
¿Qué estaba en juego para el alcalde de Quito?

La denuncia tenía una particular relevancia política debido a la sanción solicitada contra Muñoz.

De acuerdo con el planteamiento de la denunciante, la suspensión de los derechos de participación política durante cuatro años habría afectado directamente las posibilidades del alcalde de participar en futuros procesos electorales, al impedirle ejercer sus derechos políticos durante ese período.

Sin embargo, con la decisión de la jueza Ivonne Coloma de inadmitir la denuncia, el proceso no avanzó en los términos planteados por la denunciante.

La decisión del TCE representa un nuevo episodio dentro de la disputa generada alrededor de los pronunciamientos del Concejo Metropolitano de Quito y su posición frente a las actuaciones de los organismos electorales.

Pabel Muñoz, por ahora, queda fuera de este proceso por la presunta infracción electoral denunciada ante el Tribunal Contencioso Electoral.