Noboa solicitó al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, que se continúe con el proceso de denuncia de este instrumento.

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional conocerá la solicitud de denuncia que presentó el presidente Daniel Noboa al Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), al que se adhirió el país hace diecisiete años.

La mesa legislativa, presidida por la asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Lucía Jaramillo, sesionará a las 09:50 de este miércoles, 27 de mayo de 2026, para conocer el pedido que hizo el Ejecutivo el pasado 21 de mayo para echar abajo este instrumento.

En su oficio, de dos páginas, Noboa solicitó al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, que se continúe con el proceso de denuncia y adjuntó los oficios de la Corte Constitucional respectivos.

En su Informe a la Nación, el pasado 24 de mayo, Daniel Noboa se refirió a este caso como un “símbolo de cómo se manipuló el sistema financiero y las instituciones para beneficiar a grupos cercanos al poder, mientras millones de ecuatorianos pagaban las consecuencias”.

Tanto la comisión especializada como el pleno de la Asamblea Nacional podrán solicitar información respecto al instrumento internacional denunciado. Y se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los legisladores, o sea, la mitad más uno del pleno; en total, 77, para su aprobación.

Este tratado fue suscrito en Cochabamba (Bolivia), el 16 de octubre del 2009, por los entonces mandatarios de Bolivia, Evo Morales; de Ecuador, Rafael Correa; de Nicaragua, Daniel Ortega; y de Venezuela, Hugo Chávez, y por quien era el primer vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, José Ramón Machado.

Fue en el marco de una reunión de la llamada Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), de la cual Ecuador se separó en el 2018.
Correa lo ratificó mediante el Decreto Ejecutivo n.° 395, del 17 de junio de 2010.

Este sistema de pagos habría sido utilizado por el empresario colombiano Álex Saab, exministro del chavismo, para lavar dinero a través de compras simuladas de materiales de construcción de vivienda a Ecuador y Colombia con la empresa Foglocons.

Saab, que ha sido señalado como testaferro del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, fue deportado desde Venezuela a Estados Unidos el 16 de mayo pasado, donde se lo procesa por lavado de activos.
Tras las denuncias de irregularidades, que se ventilaron sin éxito en la justicia ecuatoriana, el Gobierno de Guillermo Lasso anunció que denunciaría el tratado.

Y de hecho, el 19 de enero de 2022, mediante oficio n.° MREMH-MREMH-2022-0061-0F, la Cancillería remitió a Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia, copias certificadas del tratado constitutivo a fin de iniciar el proceso.

El 18 de febrero de 2022, con oficio n.° T.178-5G3-22-0031, Pozo solicitó a la Corte Constitucional (CC) que resolviera si la denuncia de dicho instrumento requería o no de aprobación legislativa previa.

Fuerte: Diario El Universo

Una multitudinaria marcha en La Paz derivó el lunes 25 de mayo en choques con la policía, pese a que el presidente Rodrigo Paz anunció que bajará a la mitad su salario, en un intento por calmar las protestas que entraron en su cuarta semana y que han causado problemas de desabastecimiento en el altiplano del país.

En la asamblea legislativa, por su parte, el Senado inició los trámites para allanar el camino hacia la declaración del estado de excepción, aprobando la eliminación de las restricciones legales vigentes desde 2020 que limitan la aplicación de esta medida.

Cuatro semanas de protestas

Rodrigo Paz, quien asumió el poder hace apenas seis meses, enfrenta una ola de manifestaciones desde hace cuatro semanas que exigen su renuncia ante la crisis económica que sufre el país andino, la mayor en las últimas cuatro décadas.

Los manifestantes rechazan su política económica liberal, le exigen aumentos salariales y lo culpan de la distribución de gasolina de mala calidad que ha dañado miles de vehículos.

"Estamos enojados, porque nos ha mentido", aseguró Félix Mamani, minero de 47 años que asegura que su sector apoyó con sus votos a Paz.
La jornada de protestas arrancó con una marcha de mineros, campesinos, choferes, obreros de fábrica y otros trabajadores que bajaron a La Paz, sede del gobierno, desde la ciudad de El Alto, a 4.150 metros de altitud.

"¡El pueblo está emputado!", proclamaron algunos manifestantes.
Tras llegar al centro de La Paz, grupos de huelguistas intentaron ingresar a la plaza de armas, donde Paz tiene sus oficinas y cuyas vías de acceso estaban cercadas por cientos de policías antimotines que los repelieron con gases lacrimógenos.

Los manifestantes los enfrentaron con piedras, palos, petardos y cilindros recortados de dinamita y una decena de ellos fueron detenidos.

"¡Asesinos!", gritaban, para denunciar la muerte de una persona en otros choques con policías y militares el sábado pasado.

Aunque primero lo negó, el Gobierno confirmó el lunes la muerte de una persona cerca de la localidad de Vilaque, al oeste del país, donde manifestantes se enfrentaron a agentes policiales y militares.

Lamentamos que haya sucedido. Ahora esperamos (...) que se complete la investigación", dijo a la prensa José Luis Gálvez, vocero de la presidencia, y agregó que se les ordenó a los efectivos no usar armas letales contra los manifestantes

El presidente se baja el salario

Por la tarde, la ciudad retornó a la calma, pero no se ve una salida pronta de la crisis.

En un discurso en un acto en la ciudad de Sucre, la capital oficial del país, el presidente anunció que recortará su salario y el de sus ministros.

"Este presidente ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario en 50%", afirmó.

La medida es casi simbólica. Su ingreso mensual es de unos USD 3.448 y la reducción no figura entre las demandas de los manifestantes.

Fuerte: Primicias. Ec