La organización barrial convocó a una Asamblea General Extraordinaria de Elecciones para el viernes 2 de octubre de 2026. La convocatoria contempla la elección y posesión de una nueva directiva, en un proceso marcado por cuestionamientos sobre la situación actual de la Federación.

De acuerdo con la autoconvocatoria difundida por la Federación, los presidentes de distintos barrios de Riobamba fueron llamados a participar en la jornada, cuyo principal objetivo será elegir una nueva directiva.

El documento señala como parte del contexto una situación que los dirigentes califican como “acefalía”, relacionada con la impugnación de una Asamblea Local Ciudadana. En la documentación también se menciona el oficio No. MDH-CZ-3-DDR-2026-0783-OF.

La elección está prevista para el 2 de octubre

El orden del día contempla una serie de pasos que deberán cumplirse antes de la elección de la nueva directiva:

Constatación del quórum.

Elección de presidente y secretario ad hoc para dirigir la Asamblea.

Entrega de documentación y acreditación de los representantes de los barrios.

Elección de la nueva directiva.

Posesión de la directiva electa.

Clausura de la Asamblea.

De esta manera, la jornada no solo contempla la elección de autoridades, sino también la acreditación de los representantes que participarán en el proceso.

¿Qué ocurrirá si no existe quórum?

Uno de los aspectos establecidos en la convocatoria tiene relación con el número de representantes necesarios para instalar la Asamblea.

Según el documento difundido, si a la hora señalada no existe el quórum reglamentario, la sesión se reinstalará 10 minutos después con los socios presentes, conforme a lo establecido en el artículo 52 de los estatutos de la organización.

La convocatoria señala que, bajo ese mecanismo, la actuación de la Asamblea será considerada válida de acuerdo con las disposiciones estatutarias.

Dirigentes buscan recuperar el protagonismo de la Federación

La convocatoria se produce además en medio de cuestionamientos planteados por dirigentes barriales respecto al papel que la Federación ha desempeñado en el desarrollo y representación de Riobamba.

Quienes impulsan la reorganización sostienen que la organización habría perdido protagonismo y plantean la necesidad de recuperar su papel como espacio de representación de los barrios del cantón.

Estas expresiones corresponden a los dirigentes que promueven el proceso de reorganización y no constituyen, por sí mismas, un hecho comprobado. La elección será el escenario en el que los representantes barriales deberán definir si respaldan una nueva conducción de la organización.

El proceso ya cuenta con antecedentes de control ciudadano

La renovación de la Federación de Barrios de Riobamba no constituye un proceso aislado. Durante 2026 también se activaron mecanismos de participación y control ciudadano relacionados con la organización.

En abril, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convocó a una veeduría ciudadana para vigilar el proceso administrativo desarrollado por el entonces Ministerio de Desarrollo Humano respecto al registro del directorio de la Federación de Barrios de Riobamba correspondiente al período 2026-2028.

Este antecedente añade un componente de vigilancia ciudadana al actual proceso de reorganización.

Una elección que definirá la nueva conducción barrial

La Asamblea del 2 de octubre será, por tanto, un momento determinante para la organización barrial de Riobamba: los representantes acreditados deberán participar en la elección de una nueva directiva y posteriormente en su posesión.

El proceso estará marcado por la necesidad de establecer la legitimidad de la nueva conducción, garantizar la participación de los barrios y definir el papel que tendrá la Federación en la representación de las organizaciones barriales del cantón.

El nuevo reglamento penitenciario establece criterios para determinar el nivel de riesgo de cada persona privada de libertad. Los considerados de alto riesgo podrán ser trasladados a centros o pabellones de máxima seguridad, bajo controles reforzados y mayores restricciones.

Ecuador puso en vigencia un nuevo sistema de clasificación de las personas privadas de libertad que establece tres niveles de riesgo: alto, medio y bajo. La medida determinará, entre otros aspectos, el centro penitenciario, pabellón y condiciones de seguridad bajo las cuales permanecerá recluida cada persona.

El Reglamento para la Clasificación de Personas Privadas de Libertad consta en la Resolución OT-SNRS-2026-0002-R-EXQ, suscrita por el ministro del Interior, John Reimberg, y publicada en el Registro Oficial N.º 378, el lunes 28 de septiembre de 2026.

Tres niveles de riesgo

La normativa establece una clasificación individual de la población penitenciaria:

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

La categorización tendrá consecuencias directas sobre el nivel de seguridad y el lugar donde será ubicada cada persona dentro del sistema penitenciario.

Para establecer el nivel de riesgo se podrán considerar factores como la naturaleza y gravedad del delito, el riesgo de fuga, antecedentes disciplinarios, comportamiento dentro del centro penitenciario, episodios de violencia y posibles amenazas contra otros internos o funcionarios.

También se analizará una eventual participación o vinculación con organizaciones de delincuencia organizada, estructuras transnacionales, terrorismo, narcoterrorismo u otras redes asociadas, así como el rol o nivel de liderazgo que una persona pueda ejercer dentro de estas estructuras.

La clasificación también alcanza a quienes están en prisión preventiva

Uno de los aspectos establecidos por el reglamento es que el sistema también podrá aplicarse a personas que se encuentran en prisión preventiva o que todavía no cuentan con una sentencia condenatoria ejecutoriada.

En estos casos, la clasificación tendrá un propósito preventivo relacionado exclusivamente con la seguridad penitenciaria y no podrá ser considerada como una declaración de responsabilidad penal.

Informes de inteligencia serán parte de la evaluación

El nuevo sistema incorpora información proveniente de inteligencia policial y penitenciaria, además de insumos proporcionados por el ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia y otros organismos técnicos especializados.

Estos informes podrán ser entregados de manera reservada o secreta al Organismo Técnico, entidad que tendrá la responsabilidad de adoptar la decisión final sobre el nivel de riesgo asignado a cada persona privada de libertad.

Alto riesgo: máxima seguridad y mayores restricciones

Las personas clasificadas como de alto riesgo podrán ingresar al denominado Régimen Penitenciario Especial y ser ubicadas en centros o pabellones de máxima seguridad.

Este régimen contempla medidas reforzadas, entre ellas:

Control mediante herramientas tecnológicas.

Separación penitenciaria.

Supervisión tecnológica.

Monitoreo permanente

Bloqueo de comunicaciones ilícitas.

Custodia reforzada.

Protocolos especiales para desplazamientos y traslados.

Rotación del personal penitenciario.

Restricciones en los economatos.

Además, el reglamento establece condiciones específicas para las comunicaciones y visitas.

Las comunicaciones y visitas con abogados deberán realizarse de manera telemática mediante los mecanismos autorizados por la administración penitenciaria. Las visitas familiares presenciales o telemáticas estarán restringidas como regla general para quienes permanezcan bajo este régimen.

De manera excepcional, podrá autorizarse una visita familiar telemática cuando exista una circunstancia grave, extraordinaria y debidamente acreditada.

La correspondencia de las personas sometidas al régimen especial también estará bajo controles estrictos.

Hasta ocho días para definir la clasificación inicial

El proceso de clasificación comenzará para quienes ingresen al Régimen Penitenciario Ordinario, una vez que exista una boleta de encarcelamiento emitida por la autoridad competente.

Tras la identificación y registro, la persona permanecerá temporalmente en un área destinada a la evaluación. En esta etapa se revisarán aspectos como su identidad, situación procesal, estado de salud física y mental, discapacidad, medicación y factores relacionados con posibles fugas o hechos de violencia.

Esta etapa transitoria no podrá superar los ocho días.

Durante las primeras 24 horas, además, deberán verificarse la orden judicial de privación de libertad, identidad, pertenencias, situación procesal, posibilidad de comunicación con la defensa y un familiar, alertas de seguridad y condiciones de salud.

La evaluación estará a cargo de un equipo técnico multidisciplinario integrado por profesionales de Psicología, Trabajo Social y Derecho. Sin embargo, la decisión individualizada sobre el nivel de riesgo corresponderá al Organismo Técnico.

La aplicación será progresiva

La nueva normativa no será implementada de manera integral e inmediata en todos los centros penitenciarios.

El Organismo Técnico y el SNAI deberán ejecutar un plan progresivo cuya implementación deberá comenzar en un plazo máximo de 90 días desde la entrada en vigencia del reglamento.

Además, en un plazo de 30 días deberán elaborarse las fichas técnicas y formatos necesarios para los procesos de clasificación y reclasificación.

Por su parte, el SNAI tendrá 60 días para implementar los insumos y el módulo correspondiente en su sistema informático de gestión penitenciaria.

Un nuevo modelo para ordenar la población penitenciaria

La nueva clasificación representa un cambio en la forma en que el sistema penitenciario ecuatoriano determinará las condiciones de seguridad de las personas privadas de libertad.

El objetivo establecido en la normativa es diferenciar a la población penitenciaria de acuerdo con sus niveles de riesgo y seguridad, mediante una evaluación individual que deberá considerar factores jurídicos, disciplinarios, conductuales y de inteligencia.

El reglamento se sustenta en las reformas introducidas en abril de 2026, que establecieron la necesidad de implementar mecanismos técnicos para diferenciar a las personas privadas de libertad según sus niveles de seguridad y riesgo.

La sanción, dictada en primera instancia, también alcanza al responsable económico de la organización. El caso vuelve a poner bajo escrutinio el manejo y la rendición de cuentas de los recursos utilizados por las organizaciones políticas.

El alcalde de Riobamba se pronunció sobre la realización de la sesión de la Asamblea Nacional en la ciudad y aseguró que el Municipio cumplió con la coordinación logística necesaria para garantizar el desarrollo de la jornada y la seguridad de los legisladores.

Según explicó, la administración municipal dispuso personal de tránsito, agentes de control y otros recursos para facilitar la llegada de los asambleístas, el desarrollo de la sesión y su posterior retorno. Entre las acciones ejecutadas estuvo la intervención y adecuación de la Loma de Quito, uno de los espacios emblemáticos de Riobamba.

“Yo me debo a la gente”, sostuvo el alcalde al referirse a su responsabilidad frente a la ciudadanía y explicó que, más allá de su presencia durante la sesión legislativa, su función principal es atender las necesidades de los barrios y cumplir con las obras y acciones que corresponden a la administración municipal.

El burgomaestre también destacó la importancia histórica de Riobamba y recordó su participación anterior en la Asamblea Nacional. Señaló que en 2022 impulsó modificaciones relacionadas con la denominación del denominado “Día de la República”, planteando que se reconozca como “Día de la Fundación del Ecuador”.

Asimismo, mencionó la reciente aprobación de la denominada Ley del Scooter Seguro, iniciativa que, según afirmó, fue presentada por él durante su etapa como legislador en 2021. Para el alcalde, estos hechos representan parte de un proceso histórico en el que considera haber contribuido desde distintas responsabilidades públicas.

Riobamba, más allá de las diferencias políticas

Al ser consultado sobre la decisión de realizar la sesión de la Asamblea en un lugar distinto al sitio donde históricamente se originó la Constitución, el alcalde manifestó su respeto a las decisiones adoptadas por la Presidencia de la Asamblea Nacional.

“Ella toma decisiones sobre la función que le corresponde”, señaló, al tiempo que enfatizó que su responsabilidad como alcalde es promocionar y poner en valor a Riobamba.

En ese contexto, destacó que la coordinación entre la Asamblea y el Municipio permitió ejecutar trabajos de adecuación en la Loma de Quito, además de implementar medidas de seguridad y control durante la jornada.

El alcalde sostuvo que este tipo de actividades representan una oportunidad para proyectar a Riobamba y fortalecer su imagen como ciudad histórica, independientemente de las diferencias políticas.

“Más allá de divisiones de colores, azul, verde o morado, lo importante es que le pongamos en valor a nuestra ciudad”, afirmó.

La postura del Municipio apunta así a separar la gestión institucional de las diferencias políticas y aprovechar la presencia de autoridades nacionales para posicionar a Riobamba como un territorio con relevancia histórica, política y cultural.