Los $104 millones del caso Progen son apenas una muestra del verdadero costo económico de la corrupción: menos inversión, menos empleo, más deuda pública y menos recursos para salud, educación y programas sociales.
Cuando se habla de corrupción, las cifras suelen ser tan grandes que terminan perdiendo significado. Para la mayoría de los ciudadanos, escuchar que un caso provocó un perjuicio de $104 millones puede sonar escandaloso, pero también lejano, casi abstracto.
Detrás de ese número existenhospitales que no se equiparon, carreteras que nunca se construyeron, escuelas que siguieron deteriorándose, empresas que decidieron no invertir y miles de empleos que jamás llegaron a crearse.
En otras palabras, la corrupción no solo roba dinero del Estado. También roba oportunidades, plantea el secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, al analizar el perjuicio económico del caso Progen. En lugar de presentar únicamente una cifra millonaria, traduce esos recursos en aquello que millones de ecuatorianos viven todos los días: alimentación, ingresos, bonos sociales y pensiones.
El resultado, afirma, deja al descubierto las "lacerantes dimensiones sociales de la corrupción e ineficiencia estatal".
"Mientras cada dólar tiene extremas valoraciones para los sectores pobres y, en general, para los diversos segmentos de la sociedad, causa un profundo dolor que el Estado dilapide, sin ruborizarse ni asumir responsabilidades, $104 millones en la indignante corrupción del caso Progen", sostiene Carrera.
Pero el impacto económico de la corrupción va mucho más allá de un caso específico.
Una investigación publicada en 2025 por la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, titulada ‘La influencia de la corrupción en el desarrollo socioeconómico en Ecuador’, concluye que la corrupción constituye un obstáculo estructural para el desarrollo económico del país, porque reduce la eficiencia del gasto público, desalienta la inversión privada, deteriora la confianza en las instituciones y termina afectando directamente el desarrollo humano.
El estudio identifica doce mecanismos mediante los cuales la corrupción termina golpeando la economía ecuatoriana y concluye que la calidad de las instituciones pesa más sobre el desarrollo del país que la cantidad de recursos disponibles.
Cuando la corrupción le quita recursos a quienes más los necesitan en Ecuador.
Las comparaciones elaboradas por Carrera permiten aterrizar el impacto social de una cifra que, de otro modo, sería difícil de dimensionar.
Así, por ejemplo, los $104 millones de la corrupción de Progen habría sido posible entregar 1,89 millones de Bonos de Desarrollo Humano de $55.
También equivalen al ingreso mensual de 1,13 millones de ecuatorianos que viven en pobreza, cuyos ingresos no alcanzan $92,40 al mes.
O representan el sustento mensual de casi dos millones de personas en pobreza extrema, cuyos ingresos son inferiores a $52.
Ese dinero igualmente habría permitido cubrir un mes completo de alimentación para 1,7 millones de familias pobres, pagar la pensión mensual de más de un millón de adultos mayores beneficiarios del programa Mis Mejores Años o financiar el ingreso mensual de cerca de 464.000 trabajadores informales.
Mientras millones de ecuatorianos administran cada dólar para llegar a fin de mes, una parte de los recursos públicos puede desaparecer por corrupción, sobreprecios, contratos irregulares o una gestión ineficiente.
Las personas pobres o en extrema pobreza cuidan con abnegación cada centavo de dólar para sobrellevar su penosa existencia diaria", señala Carrera.
La corrupción cuesta mucho más que el dinero que se roba en Ecuador.
Los $104 millones del caso Progen son apenas la punta del iceberg. Roberto Luna, economista e investigador, recalca que la corrupción provoca un daño mucho más profundo porque altera el funcionamiento de toda la economía.
No solo desaparecen recursos públicos. También cae la inversión nacional y extranjera, aumentan los costos para hacer negocios, se encarecen las obras públicas, disminuye la productividad, se reduce la competencia, crece la deuda pública y se frena la generación de empleo.
“La corrupción distorsiona la asignación de recursos, reduce la eficiencia del gasto público, desincentiva la inversión privada y debilita la confianza en las instituciones, pilares del crecimiento económico”, acotó Luna.
En una economía donde predominan los sobornos, el tráfico de influencias y las contrataciones amañadas, producir e invertir resulta más costoso y riesgoso. Las empresas enfrentan mayor incertidumbre y reglas menos claras, por lo que muchos inversionistas aplazan proyectos, trasladan su capital a otros países o simplemente no llegan. El resultado se siente en la vida diaria: menos empresas, menos empleo formal y menores oportunidades para mejorar los ingresos.
Corrupción: un "impuesto oculto" que pagan empresas y ciudadanos
Un estudio del Instituto Tecnológico Sucre en Ecuador recoge evidencia internacional que describe la corrupción como un "impuesto oculto" para las empresas. Cada soborno, trámite manipulado o contrato direccionado eleva artificialmente los costos de producción.
Las empresas que cumplen las reglas pierden competitividad frente a quienes obtienen contratos mediante favores políticos, mientras los inversionistas perciben un entorno más riesgoso.
En los últimos 20 años, los escándalos en infraestructura, petróleo, contratación pública y salud deterioraron la competitividad del Ecuador al generar inseguridad jurídica, licitaciones poco transparentes y menor confianza en las instituciones.
Hospitales, escuelas y carreteras también pagan la factura de la corrupción en Ecuador
La corrupción no solo golpea las finanzas públicas; también deteriora los servicios que utilizan millones de ecuatorianos.
Estudios de organismo multilaterales identifican doce canales mediante los cuales la corrupción afecta el desarrollo económico y social. En salud, el desvío de recursos destinados a hospitales, medicinas y equipos reduce la calidad de la atención y deja a miles de pacientes sin tratamientos oportunos.
En educación, la malversación de fondos para infraestructura escolar, capacitación docente y programas educativos limita el desarrollo del capital humano, uno de los principales motores del crecimiento económico.
En infraestructura, los sobreprecios, contratos direccionados y obras deficientes producen carreteras que duran menos, sistemas de agua inconclusos, puentes que requieren reparaciones prematuras y proyectos que nunca benefician a la población.
A ello se suman problemas en el sistema judicial, la contratación pública, la seguridad, el sistema financiero, el clima de inversión y la confianza ciudadana. En conjunto, estos doce canales crean un círculo vicioso que reduce la productividad y limita el crecimiento del país. (JS)
Fuerte: Diario La Hora
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